(EL DIARIO REGIONAL) El martes pasado se celebró el Día Mundial del Derecho a la Información. En nuestro país no se celebró nada, porque la Ley de Acceso a la Información, con media sanción de diputados sigue durmiendo en el senado, y de no tratarse antes del 30 de noviembre, perderá "estado parlamentario". Un grupo de ONG colgó frente al Congreso centenares de perchas con el texto de la ley como método para pedirles a los senadores su sanción.
En Pilar ocurre algo semejante: hace seis meses que el concejo deliberante tiene en su poder un proyecto de ordenanza de libre acceso a la información pública; el proyecto, presentado por miembros de la ONG ProPilar, recibió el apoyo de numerosas instituciones, entre otras la Fundación Poder Ciudadano y Fedepil.
Los apoyos fueron explícitos y se materializaron en sendas notas entregadas al propio presidente del deliberativo local, Marcelo Castillo, quien se comprometió públicamente a darle tratamiento y apoyo a la norma.
El artículo 1° del proyecto expresa que "Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir sin costo alguno y sin justificar causa ni interés legitimo, información publica completa y veraz de parte de quienes ejercen funciones publicas o realicen actividades y programas financiados parcialmente o en su totalidad por medio de los presupuestos públicos". Por aquél entonces, el intendente Zúccaro anunció -con una importante puesta en escena- la firma de un convenio con dos fundaciones que trabajarían junto al municipio para mejorar sus procesos y transparentar la gestión comunal.
Para quienes creemos que tanto el departamento ejecutivo como el concejo deliberante no son todo lo transparentes que deberían ser, la firma de aquél convenio fue un hecho promisorio, de "transparecncia preventiva". Como las dos entidades proclaman desde siempre su apoyo al acceso a la información pública, pensamos que colaborarían en materializarlo; nos equivocamos. Tampoco lograron que la comuna tenga -tal como lo prometió Zúccaro- un sitio en internet en el que vuelque información útil para los vecinos.
La Democracia participativa requiere del acceso a la información pública. Sin este insumo es imposible que los ciudadanos participen con verdadero conocimiento de causa. Cómo será de necesario, que hasta la primera plana de El Diario de ayer advertía que "...En el gobierno hay malestar por la falta de información" (sobre los cambios en materia de seguridad). Si el propio intendente, con el enorme poder discrecional que detenta en el manejo de la información, se queja por su falta, que nos queda a nosotros como simples ciudadanos!. El acceso libre debe ser la regla, y el secreto la excepción.
Por la falta de acceso a la información, la sociedad ha sido siempre víctima de gobiernos corruptos, y así estamos como estamos. Nuestro sistema representativo tiene que ir más allá de la simple emisión del voto; para eso necesitamos libre acceso a la información como medio para conseguir una activa participación de cada vecino, con mecanismos como la iniciativa popular, las audiencias públicas y el presupueso participativo.
Dios quiera que el 28 de septiembre del año que viene podamos festejar nosotros también el Día Mundial del Derecho a la Información.
viernes, 1 de octubre de 2004
Día Mundial del Derecho a la Información
(EL DIARIO REGIONAL) El martes pasado se celebró el Día Mundial del Derecho a la Información. En nuestro país no se celebró nada, porque la Ley de Acceso a la Información, con media sanción de diputados sigue durmiendo en el senado, y de no tratarse antes del 30 de noviembre, perderá "estado parlamentario". Un grupo de ONG colgó frente al Congreso centenares de perchas con el texto de la ley como método para pedirles a los senadores su sanción.
En Pilar ocurre algo semejante: hace seis meses que el concejo deliberante tiene en su poder un proyecto de ordenanza de libre acceso a la información pública; el proyecto, presentado por miembros de la ONG ProPilar, recibió el apoyo de numerosas instituciones, entre otras la Fundación Poder Ciudadano y Fedepil.
Los apoyos fueron explícitos y se materializaron en sendas notas entregadas al propio presidente del deliberativo local, Marcelo Castillo, quien se comprometió públicamente a darle tratamiento y apoyo a la norma.
El artículo 1° del proyecto expresa que "Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir sin costo alguno y sin justificar causa ni interés legitimo, información publica completa y veraz de parte de quienes ejercen funciones publicas o realicen actividades y programas financiados parcialmente o en su totalidad por medio de los presupuestos públicos". Por aquél entonces, el intendente Zúccaro anunció -con una importante puesta en escena- la firma de un convenio con dos fundaciones que trabajarían junto al municipio para mejorar sus procesos y transparentar la gestión comunal.
Para quienes creemos que tanto el departamento ejecutivo como el concejo deliberante no son todo lo transparentes que deberían ser, la firma de aquél convenio fue un hecho promisorio, de "transparecncia preventiva". Como las dos entidades proclaman desde siempre su apoyo al acceso a la información pública, pensamos que colaborarían en materializarlo; nos equivocamos. Tampoco lograron que la comuna tenga -tal como lo prometió Zúccaro- un sitio en internet en el que vuelque información útil para los vecinos.
La Democracia participativa requiere del acceso a la información pública. Sin este insumo es imposible que los ciudadanos participen con verdadero conocimiento de causa. Cómo será de necesario, que hasta la primera plana de El Diario de ayer advertía que "...En el gobierno hay malestar por la falta de información" (sobre los cambios en materia de seguridad). Si el propio intendente, con el enorme poder discrecional que detenta en el manejo de la información, se queja por su falta, que nos queda a nosotros como simples ciudadanos!. El acceso libre debe ser la regla, y el secreto la excepción.
Por la falta de acceso a la información, la sociedad ha sido siempre víctima de gobiernos corruptos, y así estamos como estamos. Nuestro sistema representativo tiene que ir más allá de la simple emisión del voto; para eso necesitamos libre acceso a la información como medio para conseguir una activa participación de cada vecino, con mecanismos como la iniciativa popular, las audiencias públicas y el presupueso participativo.
Dios quiera que el 28 de septiembre del año que viene podamos festejar nosotros también el Día Mundial del Derecho a la Información.
En Pilar ocurre algo semejante: hace seis meses que el concejo deliberante tiene en su poder un proyecto de ordenanza de libre acceso a la información pública; el proyecto, presentado por miembros de la ONG ProPilar, recibió el apoyo de numerosas instituciones, entre otras la Fundación Poder Ciudadano y Fedepil.
Los apoyos fueron explícitos y se materializaron en sendas notas entregadas al propio presidente del deliberativo local, Marcelo Castillo, quien se comprometió públicamente a darle tratamiento y apoyo a la norma.
El artículo 1° del proyecto expresa que "Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir sin costo alguno y sin justificar causa ni interés legitimo, información publica completa y veraz de parte de quienes ejercen funciones publicas o realicen actividades y programas financiados parcialmente o en su totalidad por medio de los presupuestos públicos". Por aquél entonces, el intendente Zúccaro anunció -con una importante puesta en escena- la firma de un convenio con dos fundaciones que trabajarían junto al municipio para mejorar sus procesos y transparentar la gestión comunal.
Para quienes creemos que tanto el departamento ejecutivo como el concejo deliberante no son todo lo transparentes que deberían ser, la firma de aquél convenio fue un hecho promisorio, de "transparecncia preventiva". Como las dos entidades proclaman desde siempre su apoyo al acceso a la información pública, pensamos que colaborarían en materializarlo; nos equivocamos. Tampoco lograron que la comuna tenga -tal como lo prometió Zúccaro- un sitio en internet en el que vuelque información útil para los vecinos.
La Democracia participativa requiere del acceso a la información pública. Sin este insumo es imposible que los ciudadanos participen con verdadero conocimiento de causa. Cómo será de necesario, que hasta la primera plana de El Diario de ayer advertía que "...En el gobierno hay malestar por la falta de información" (sobre los cambios en materia de seguridad). Si el propio intendente, con el enorme poder discrecional que detenta en el manejo de la información, se queja por su falta, que nos queda a nosotros como simples ciudadanos!. El acceso libre debe ser la regla, y el secreto la excepción.
Por la falta de acceso a la información, la sociedad ha sido siempre víctima de gobiernos corruptos, y así estamos como estamos. Nuestro sistema representativo tiene que ir más allá de la simple emisión del voto; para eso necesitamos libre acceso a la información como medio para conseguir una activa participación de cada vecino, con mecanismos como la iniciativa popular, las audiencias públicas y el presupueso participativo.
Dios quiera que el 28 de septiembre del año que viene podamos festejar nosotros también el Día Mundial del Derecho a la Información.
martes, 31 de agosto de 2004
"Patrañas"
Refiriéndose a la incompatibilidad del titular de la Unidad Ejecutora de Políticas Estratégicas (UEPE) de la comuna por ser "juez y parte" en la negociación por la venta de calles de los countries, el Jefe de Gabinete Osvaldo Pugliese afirmó el martes por FM Plaza que "decir que la función del Ingeniero Gutiérrez es incompatible, son patrañas".
Es sabido que en el gobierno local Pugliese es a Zúccaro lo que "los Fernández" son a Kirchner: un "explicador" oficial. Pero pretender convencer de que los hechos son distintos a como en realidad son, es subestimar la capacidad de nosotros los ciudadanos.
El acuerdo entre los countries y el gobierno tuvo como interlocutor exclusivo por parte del municipio a Eduardo Gutiérrez, quien es a la vez presidente de varias empresas de construcciones públicas y privadas, titular de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos.
La ley Orgánica de las Municipalidades establece que "no se admitirán como miembros de la Municipalidad los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en el que la Municipalidad sea parte". Si esta inhabilidad fuera poco, también la Ley de Ética Pública establece que es incompatible con el ejercicio de la función pública "dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o de cualquier otra forma prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades".
Zúccaro debería conocer (y Pugliese como su jefe de gabinete y abogado también) que designar a Gutiérrez como titular de la UEPE, y ponerlo a negociar la venta de calles, es poner al zorro a cuidar las ovejas; el conflicto de intereses es absoluto; y por lo tanto, inadmisible.
Otra vez el Concejo
También los concejales, que hoy jueves se aprestan a aprobar el convenio, deberían enterarse que asumirán la responsabilidad no sólo política, sino también administrativa, civil y penal en caso de convalidarlo.
Por otro lado, tanto la prensa como la oposición dentro del deliberativo le han solicitado al ejecutivo copia del convenio suscrito. También yo lo he solicitado. No hubo respuesta ninguna; o quizás esa haya sido la respuesta: al no informar ampliamente sobre las características de lo convenido, es de suponer que no favorece al interés general, sino a intereses particulares.
La doctrina referida a la venta de calles dice que si bien no poseen un "valor de mercado", se toma un promedio del valor de la tierra libre de mejoras, que en el caso de los 4 countries del acuerdo, está cerca de los 100 dólares por metro cuadrado, ¡contra los menos de 3 dólares que se acordaron!.
La gran estafa
A los vecinos de la calle Derqui, arteria que hasta ahora une la Ruta 8 con la colectora de Panamericana entre el Country Mapuche y su campo de deportes, no les irá bien: el municipio decidió vender unas cuadras de dicha calle al country, de modo que los vecinos no podrán utilizarla; para llegar a Panamericana, deberán hacer unas cuantas cuadras más. Y aunque el propio Zúccaro les prometió que asfaltarán su calle, hoy de tierra, ellos sospechan que la calle Derqui se transformará en la entrada de servicio de Mapuche, agrediéndolos con un incesante tránsito de camiones y vehículos que hoy no sufren.
Algo similar ocurrirá en Manuel Alberti, en donde Pugliese aseguró que se realizarían obras con un 20% de lo aportado por el country Tortugas, pero las prioridades de dichos trabajos no serán establecidas por la propia comunidad en función de sus intereses, sino que las establecerá el propio country.
¿Y el 80% restante de lo que se recaude?: el gobierno dijo que será exclusivamente destinado a la obra pública; sin embargo, analizando la ampliación presupuestaria, es un hecho que el dinero se destinará casi en su totalidad a pagar los sueldos de los nuevos empleados que esta gestión incorporó.
En síntesis, hoy tenemos calles internas y externas que son del dominio público; mañana, cuando el dinero obtenido por la venta de calles se haya malgastado, y tengamos que seguir pagando los sueldos de la engrosada planta comunal, sólo tendremos más deuda pública.
Y eso, en palabras de Thomas Jefferson, es una estafa.
Es sabido que en el gobierno local Pugliese es a Zúccaro lo que "los Fernández" son a Kirchner: un "explicador" oficial. Pero pretender convencer de que los hechos son distintos a como en realidad son, es subestimar la capacidad de nosotros los ciudadanos.
El acuerdo entre los countries y el gobierno tuvo como interlocutor exclusivo por parte del municipio a Eduardo Gutiérrez, quien es a la vez presidente de varias empresas de construcciones públicas y privadas, titular de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos.
La ley Orgánica de las Municipalidades establece que "no se admitirán como miembros de la Municipalidad los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en el que la Municipalidad sea parte". Si esta inhabilidad fuera poco, también la Ley de Ética Pública establece que es incompatible con el ejercicio de la función pública "dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o de cualquier otra forma prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades".
Zúccaro debería conocer (y Pugliese como su jefe de gabinete y abogado también) que designar a Gutiérrez como titular de la UEPE, y ponerlo a negociar la venta de calles, es poner al zorro a cuidar las ovejas; el conflicto de intereses es absoluto; y por lo tanto, inadmisible.
Otra vez el Concejo
También los concejales, que hoy jueves se aprestan a aprobar el convenio, deberían enterarse que asumirán la responsabilidad no sólo política, sino también administrativa, civil y penal en caso de convalidarlo.
Por otro lado, tanto la prensa como la oposición dentro del deliberativo le han solicitado al ejecutivo copia del convenio suscrito. También yo lo he solicitado. No hubo respuesta ninguna; o quizás esa haya sido la respuesta: al no informar ampliamente sobre las características de lo convenido, es de suponer que no favorece al interés general, sino a intereses particulares.
La doctrina referida a la venta de calles dice que si bien no poseen un "valor de mercado", se toma un promedio del valor de la tierra libre de mejoras, que en el caso de los 4 countries del acuerdo, está cerca de los 100 dólares por metro cuadrado, ¡contra los menos de 3 dólares que se acordaron!.
La gran estafa
A los vecinos de la calle Derqui, arteria que hasta ahora une la Ruta 8 con la colectora de Panamericana entre el Country Mapuche y su campo de deportes, no les irá bien: el municipio decidió vender unas cuadras de dicha calle al country, de modo que los vecinos no podrán utilizarla; para llegar a Panamericana, deberán hacer unas cuantas cuadras más. Y aunque el propio Zúccaro les prometió que asfaltarán su calle, hoy de tierra, ellos sospechan que la calle Derqui se transformará en la entrada de servicio de Mapuche, agrediéndolos con un incesante tránsito de camiones y vehículos que hoy no sufren.
Algo similar ocurrirá en Manuel Alberti, en donde Pugliese aseguró que se realizarían obras con un 20% de lo aportado por el country Tortugas, pero las prioridades de dichos trabajos no serán establecidas por la propia comunidad en función de sus intereses, sino que las establecerá el propio country.
¿Y el 80% restante de lo que se recaude?: el gobierno dijo que será exclusivamente destinado a la obra pública; sin embargo, analizando la ampliación presupuestaria, es un hecho que el dinero se destinará casi en su totalidad a pagar los sueldos de los nuevos empleados que esta gestión incorporó.
En síntesis, hoy tenemos calles internas y externas que son del dominio público; mañana, cuando el dinero obtenido por la venta de calles se haya malgastado, y tengamos que seguir pagando los sueldos de la engrosada planta comunal, sólo tendremos más deuda pública.
Y eso, en palabras de Thomas Jefferson, es una estafa.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)