Corrupción II

(EL DIARIO REGIONAL, 13/12/2005) En su edición del sábado pasado, El Diario Regional publicó varias opiniones referidas a "la mitad del camino", en alusión a los dos años transcurridos desde la asunción de Humberto Zúccaro como jefe comunal. Los consultados analizaban la marcha de la gestión en áreas tales como la recaudación tributaria, la obra pública, la salud y la transparencia. Con distintos matices, las opiniones consideraban que el gobierno está "en la mitad del camino".

En mi opinión, está mucho más atrás. Es cierto que en materia de obra pública se avanzó algo. Precisamente, la mitad de un camino representa la idea de haber avanzado hasta el punto en el que —aunque no está todo hecho— falta menos que antes, o —siendo optimistas— lo que falta es de una magnitud similar a lo realizado.
Pero en materia de transparencia, el gobierno ha ido marcha atrás. Por un lado, hay que tener presente que fueron demasiadas las promesas que se hicieron desde el comienzo: "corrupción cero", puesta en marcha de la Oficina Anticorrupción, gobierno de puertas abiertas, etc.
Por otra parte, se desarticularon los pocos mecanismos de control y transparencia que se habían implementado en la gestión anterior: ingreso de empleados municipales por concurso, audiencias públicas para renegociar contratos con empresas privatizadas, consejo de administración del Hospital multisectorial, etc. Aunque estas iniciativas no garantizaron la desaparición de la corrupción, sin duda sirvieron para disminuir su incidencia. Todas fueron dejadas de lado.

Otra iniciativa fundamental en la lucha contra la corrupción es el libre acceso a la información pública. En una reunión a la que fuimos invitados los impulsores de la propuesta, el intendente afirmó que la implementaría. Pasaron casi dos años, y el jefe comunal no cumplió con lo prometido.

Si nos quedáramos con los gestos, diríamos —como afirmaron muchos de los consultados en la nota de ayer— que Zúccaro se distingue por su capacidad de diálogo. Pero en el plano de los hechos, de la realidad —que en definitiva, como dijo Perón, es "la única verdad"— se retrocedió: contando con un propuesta de Ordenanza de Libre Acceso a la Información para debatir, el gobierno se rehusó a hacerlo. Y la iniciativa duerme en algún cajón de la administración municipal.

Día Internacional contra la Corrupción
El 9 de Diciembre quedó consagrado por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción como el Día Internacional Contra la Corrupción.
En un amplio rango de sectores que afectan nuestra vida diaria, el "Barómetro de Corrupción Global" 2005 de Transparencia Internacional señala que la corrupción continúa dañando la vida diaria de la gente alrededor del mundo. Incluso, afirmó que la corrupción mata gente.
Los partidos políticos son vistos como el sector más corrupto. Este año, 45 de los 69 países del mundo encuestados ubicaron a las instituciones políticas a la cabeza de la lista. En América Latina, con una puntuación de 4,5 en una escala de 1 a 5 (con 5 considerado como extremadamente corrupto), la corrupción política es una preocupación dominante en los encuestados.
Ahora bien, si la corrupción política es un fenómeno tan extendido y de tan graves consecuencias, ¿porqué los funcionarios no actúan para eliminarla?

Corrupción II

(EL DIARIO REGIONAL, 13/12/2005) En su edición del sábado pasado, El Diario Regional publicó varias opiniones referidas a "la mitad del camino", en alusión a los dos años transcurridos desde la asunción de Humberto Zúccaro como jefe comunal. Los consultados analizaban la marcha de la gestión en áreas tales como la recaudación tributaria, la obra pública, la salud y la transparencia. Con distintos matices, las opiniones consideraban que el gobierno está "en la mitad del camino".

En mi opinión, está mucho más atrás. Es cierto que en materia de obra pública se avanzó algo. Precisamente, la mitad de un camino representa la idea de haber avanzado hasta el punto en el que —aunque no está todo hecho— falta menos que antes, o —siendo optimistas— lo que falta es de una magnitud similar a lo realizado.
Pero en materia de transparencia, el gobierno ha ido marcha atrás. Por un lado, hay que tener presente que fueron demasiadas las promesas que se hicieron desde el comienzo: "corrupción cero", puesta en marcha de la Oficina Anticorrupción, gobierno de puertas abiertas, etc.
Por otra parte, se desarticularon los pocos mecanismos de control y transparencia que se habían implementado en la gestión anterior: ingreso de empleados municipales por concurso, audiencias públicas para renegociar contratos con empresas privatizadas, consejo de administración del Hospital multisectorial, etc. Aunque estas iniciativas no garantizaron la desaparición de la corrupción, sin duda sirvieron para disminuir su incidencia. Todas fueron dejadas de lado.

Otra iniciativa fundamental en la lucha contra la corrupción es el libre acceso a la información pública. En una reunión a la que fuimos invitados los impulsores de la propuesta, el intendente afirmó que la implementaría. Pasaron casi dos años, y el jefe comunal no cumplió con lo prometido.

Si nos quedáramos con los gestos, diríamos —como afirmaron muchos de los consultados en la nota de ayer— que Zúccaro se distingue por su capacidad de diálogo. Pero en el plano de los hechos, de la realidad —que en definitiva, como dijo Perón, es "la única verdad"— se retrocedió: contando con un propuesta de Ordenanza de Libre Acceso a la Información para debatir, el gobierno se rehusó a hacerlo. Y la iniciativa duerme en algún cajón de la administración municipal.

Día Internacional contra la Corrupción
El 9 de Diciembre quedó consagrado por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción como el Día Internacional Contra la Corrupción.
En un amplio rango de sectores que afectan nuestra vida diaria, el "Barómetro de Corrupción Global" 2005 de Transparencia Internacional señala que la corrupción continúa dañando la vida diaria de la gente alrededor del mundo. Incluso, afirmó que la corrupción mata gente.
Los partidos políticos son vistos como el sector más corrupto. Este año, 45 de los 69 países del mundo encuestados ubicaron a las instituciones políticas a la cabeza de la lista. En América Latina, con una puntuación de 4,5 en una escala de 1 a 5 (con 5 considerado como extremadamente corrupto), la corrupción política es una preocupación dominante en los encuestados.
Ahora bien, si la corrupción política es un fenómeno tan extendido y de tan graves consecuencias, ¿porqué los funcionarios no actúan para eliminarla?

Corrupción

(EL DIARIO REGIONAL, 04/12/2005) La corrupción política, define Transparencia Internacional, "es el abuso por parte de los dirigentes políticos del poder que se les ha confiado, para su propio beneficio". Es siempre, también, el matrimonio entre un corruptor y un corrupto.

Tiene, como terreno para crecer, una sociedad marcada por el individualismo, el consumismo, el afán de poder, y al mismo tiempo, su contracara, la falta de compromiso con el bien común.
Esta falta de compromiso social queda plasmada en los resultados del informe del Latinbarómetro 2005: ante la pregunta de qué acciones políticas realizaron los miles de latinoamericanos encuestados como forma de reclamo o protesta, el primer lugar se lo lleva la respuesta "firmar una petición"; a corta distancia de ella, aparece como forma de participación política "asistir a manifestaciones autorizadas (legales)". Pero lo preocupante del resultado no es lo que sucede a nivel continental —bastante próximo a lo que sucede en cualquier otra región del planeta— sino lo que pasa particularmente en nuestro país: un cuarto (26%) de la población dijo haber participado alguna vez firmando petitorios, pero sólo la mitad de ellos (14%) han ido un poco más allá, asistiendo a alguna manifestación autorizada. Ello parece indicar que cuando se trata de solucionar el mundo desde una mesa de café, o en una reunión de amigos, o firmando un papel, los argentinos somos "derechos y humanos", nos comprometemos. Hasta ahí. Porque cuando la cosa requiere un compromiso mayor, se nos derrumba el espíritu cívico. Y no hablo aquí de realizar actividades políticas ilegales, sino de "poner el cuerpo" para defender lo que decimos defender de palabra.

Si usted, lector, sostiene las creencias de la mayoría de nuestros compatriotas, pensará que el problema de la corrupción política no se resolverá nunca. Pero si piensa distinto, y actúa en consecuencia, la profecía podrá conjurarse.

Mencionemos algunas "medicinas" de eficacia probada en la lucha contra la corrupción política: libre acceso a la información pública, organismos de control independientes, y fundamentalmente, participación ciudadana, es decir, política, mucha política. Pero de la buena. La última de estas herramientas —la participación— debe ser alentada desde el gobierno pero es básicamente un resorte en manos de la sociedad. Las dos primeras, en cambio, deben ser implementadas desde el gobierno.

Hace ya casi 2 años, desde la sociedad civil presentamos un proyecto de ordenanza de libre acceso a la información pública. Hoy descansa en algún cajón del Honorable Concejo Deliberante. "Honorable" la institución, pero los concejales y el jefe comunal, que prometieron su apoyo a una ordenanza que nunca debatieron ni sancionaron ni reglamentaron, no honraron su compromiso.
En cuanto a establecer organismos de control independientes, el gobierno avanzó de manera consistente con su estilo: apenas asumido, impulsó la creación de la Oficina Anticorrupción, pero al aprobar el presupuesto 2005 (a fines del año pasado), los funcionarios se "olvidaron" de asignarle una partida a la dependencia nonata.
¡Quién dice que ahora, cuando todavía el presupuesto de 2006 no fue aprobado, los concejales y el intendente nos den una sorpresa y le destinen unos pesos!. Y si quisieran sorprendernos aun más, quizás designen como titular de la Oficina Anticorrupción pilarense a alguien independiente y capaz.

Corrupción

(EL DIARIO REGIONAL, 04/12/2005) La corrupción política, define Transparencia Internacional, "es el abuso por parte de los dirigentes políticos del poder que se les ha confiado, para su propio beneficio". Es siempre, también, el matrimonio entre un corruptor y un corrupto.

Tiene, como terreno para crecer, una sociedad marcada por el individualismo, el consumismo, el afán de poder, y al mismo tiempo, su contracara, la falta de compromiso con el bien común.
Esta falta de compromiso social queda plasmada en los resultados del informe del Latinbarómetro 2005: ante la pregunta de qué acciones políticas realizaron los miles de latinoamericanos encuestados como forma de reclamo o protesta, el primer lugar se lo lleva la respuesta "firmar una petición"; a corta distancia de ella, aparece como forma de participación política "asistir a manifestaciones autorizadas (legales)". Pero lo preocupante del resultado no es lo que sucede a nivel continental —bastante próximo a lo que sucede en cualquier otra región del planeta— sino lo que pasa particularmente en nuestro país: un cuarto (26%) de la población dijo haber participado alguna vez firmando petitorios, pero sólo la mitad de ellos (14%) han ido un poco más allá, asistiendo a alguna manifestación autorizada. Ello parece indicar que cuando se trata de solucionar el mundo desde una mesa de café, o en una reunión de amigos, o firmando un papel, los argentinos somos "derechos y humanos", nos comprometemos. Hasta ahí. Porque cuando la cosa requiere un compromiso mayor, se nos derrumba el espíritu cívico. Y no hablo aquí de realizar actividades políticas ilegales, sino de "poner el cuerpo" para defender lo que decimos defender de palabra.

Si usted, lector, sostiene las creencias de la mayoría de nuestros compatriotas, pensará que el problema de la corrupción política no se resolverá nunca. Pero si piensa distinto, y actúa en consecuencia, la profecía podrá conjurarse.

Mencionemos algunas "medicinas" de eficacia probada en la lucha contra la corrupción política: libre acceso a la información pública, organismos de control independientes, y fundamentalmente, participación ciudadana, es decir, política, mucha política. Pero de la buena. La última de estas herramientas —la participación— debe ser alentada desde el gobierno pero es básicamente un resorte en manos de la sociedad. Las dos primeras, en cambio, deben ser implementadas desde el gobierno.

Hace ya casi 2 años, desde la sociedad civil presentamos un proyecto de ordenanza de libre acceso a la información pública. Hoy descansa en algún cajón del Honorable Concejo Deliberante. "Honorable" la institución, pero los concejales y el jefe comunal, que prometieron su apoyo a una ordenanza que nunca debatieron ni sancionaron ni reglamentaron, no honraron su compromiso.
En cuanto a establecer organismos de control independientes, el gobierno avanzó de manera consistente con su estilo: apenas asumido, impulsó la creación de la Oficina Anticorrupción, pero al aprobar el presupuesto 2005 (a fines del año pasado), los funcionarios se "olvidaron" de asignarle una partida a la dependencia nonata.
¡Quién dice que ahora, cuando todavía el presupuesto de 2006 no fue aprobado, los concejales y el intendente nos den una sorpresa y le destinen unos pesos!. Y si quisieran sorprendernos aun más, quizás designen como titular de la Oficina Anticorrupción pilarense a alguien independiente y capaz.

Fariseos

(EL DIARIO REGIONAL, 22/11/2005) El pase de Lorenzo Borocotó del macrismo al kircknerismo despertó en la sociedad un repudio generalizado. En particular, los que mayor énfasis pusieron en su crítica fueron muchos modernos fariseos integrantes de la corporación política. Pero, ¿porqué el hecho tuvo tanta repercusión? ¿no hay ejemplos constantes de idénticas mutaciones partidarias?.

Quienes llevan la voz cantante del oficialismo local en el Concejo, Roberto Fernández y Carlos Olivera, llegaron a la política pilarense de la mano del ex intendente Sergio Bivort; desde allí acompañaron políticas públicas como la tercerización de la recaudación tributaria (el actual jefe comunal también la apoyó), la formación de un consejo multisectorial encargado de la administración hospitalaria, la incorporación de personal municipal mediante concurso público, la creación del Instituto Municipal de Seguridad, etc. Hoy impulsan políticas diametralmente opuestas.

Más allá de lo acertado —o desacertado— de cada una de aquellas decisiones, lo concreto es que antes las apoyaron, y hoy las rechazan, e incluso reniegan públicamente de ellas. Durante la gestión anterior, el actual jefe de gabinete supo iniciar acciones penales —desde su banca en el Concejo— por la venta de calles públicas. Pero el año pasado no tuvo palabras para elogiar idéntica decisión... (claro que esta vez, la decisión fue de su jefe, Humberto Zúccaro).
No sería tan grave la mudanza ideológica de nuestros gobernantes si no fuera porque nos cuesta dinero, mucho dinero. Por caso, que primero hayan apoyado y luego repudiado el contrato con la UTE Tecsa nos costó casi 4 millones de pesos.

Cuestión de imagen
Según el Centro de Estudios Nueva Mayoría, de entre las instituciones del país los partidos políticos sólo alcanzan un vergonzoso 2 por ciento de imagen positiva, siendo así los más desprestigiados. Un dirigente político de los de antes infirió que ese porcentaje sería cero de no ser porque los encuestadores se toparon con algunos que "viven de la política" (que los hay y mucho), y que por disciplina corporativa respondieron que ven a los partidos con buena imagen.

Que quienes más repudiaron la movida de Borocotó a las filas kirchneristas formen parte de los partidos políticos actuales, debe hacernos observar las cosas con mayor objetividad: ¿qué autoridad tienen para criticar quienes ya nos hicieron perder la cuenta de las veces que cambiaron de ideología?. Y no estamos aquí hablando de cambios de camiseta tácticos, aquellos motivados quizás por seguir perteneciendo a un espacio que —más allá de las siglas— los represente. No, aquí estamos hablando de aquellos a quienes cualquier colectivo los deja bien, porque para ellos, sólo se trata de llegar por llegar. Estos fariseos dicen que lo que importa es "trabajar para la gente", "hacer gestión"; pero, ¿trabajar para la gente cómo? ¿hacer gestión para qué? ¿y para quienes? ¿es lo mismo que el presupuesto municipal se decida en forma participativa en los barrios a que lo definan entre tres? ¿es lo mismo que las compras para el área de salud las decida un consejo multisectorial a que lo haga un solo funcionario?. Creo que no.

En Argentina, y en Pilar, hace falta redefinir el sistema de partidos políticos. Para terminar con el "borocoterismo", nos debemos exigir como sociedad que: a) los partidos políticos tengan valores; b) que los valores que cada partido enarbole, sean materializados en sus posiciones públicas y en sus labores partidarias, y c) que quienes se propongan como referentes, encarnen aquellos valores que cada partido dice sostener.
Y si así no lo hicieren, alguna vez, la sociedad se lo demande.

Fariseos

(EL DIARIO REGIONAL, 22/11/2005) El pase de Lorenzo Borocotó del macrismo al kircknerismo despertó en la sociedad un repudio generalizado. En particular, los que mayor énfasis pusieron en su crítica fueron muchos modernos fariseos integrantes de la corporación política. Pero, ¿porqué el hecho tuvo tanta repercusión? ¿no hay ejemplos constantes de idénticas mutaciones partidarias?.

Quienes llevan la voz cantante del oficialismo local en el Concejo, Roberto Fernández y Carlos Olivera, llegaron a la política pilarense de la mano del ex intendente Sergio Bivort; desde allí acompañaron políticas públicas como la tercerización de la recaudación tributaria (el actual jefe comunal también la apoyó), la formación de un consejo multisectorial encargado de la administración hospitalaria, la incorporación de personal municipal mediante concurso público, la creación del Instituto Municipal de Seguridad, etc. Hoy impulsan políticas diametralmente opuestas.

Más allá de lo acertado —o desacertado— de cada una de aquellas decisiones, lo concreto es que antes las apoyaron, y hoy las rechazan, e incluso reniegan públicamente de ellas. Durante la gestión anterior, el actual jefe de gabinete supo iniciar acciones penales —desde su banca en el Concejo— por la venta de calles públicas. Pero el año pasado no tuvo palabras para elogiar idéntica decisión... (claro que esta vez, la decisión fue de su jefe, Humberto Zúccaro).
No sería tan grave la mudanza ideológica de nuestros gobernantes si no fuera porque nos cuesta dinero, mucho dinero. Por caso, que primero hayan apoyado y luego repudiado el contrato con la UTE Tecsa nos costó casi 4 millones de pesos.

Cuestión de imagen
Según el Centro de Estudios Nueva Mayoría, de entre las instituciones del país los partidos políticos sólo alcanzan un vergonzoso 2 por ciento de imagen positiva, siendo así los más desprestigiados. Un dirigente político de los de antes infirió que ese porcentaje sería cero de no ser porque los encuestadores se toparon con algunos que "viven de la política" (que los hay y mucho), y que por disciplina corporativa respondieron que ven a los partidos con buena imagen.

Que quienes más repudiaron la movida de Borocotó a las filas kirchneristas formen parte de los partidos políticos actuales, debe hacernos observar las cosas con mayor objetividad: ¿qué autoridad tienen para criticar quienes ya nos hicieron perder la cuenta de las veces que cambiaron de ideología?. Y no estamos aquí hablando de cambios de camiseta tácticos, aquellos motivados quizás por seguir perteneciendo a un espacio que —más allá de las siglas— los represente. No, aquí estamos hablando de aquellos a quienes cualquier colectivo los deja bien, porque para ellos, sólo se trata de llegar por llegar. Estos fariseos dicen que lo que importa es "trabajar para la gente", "hacer gestión"; pero, ¿trabajar para la gente cómo? ¿hacer gestión para qué? ¿y para quienes? ¿es lo mismo que el presupuesto municipal se decida en forma participativa en los barrios a que lo definan entre tres? ¿es lo mismo que las compras para el área de salud las decida un consejo multisectorial a que lo haga un solo funcionario?. Creo que no.

En Argentina, y en Pilar, hace falta redefinir el sistema de partidos políticos. Para terminar con el "borocoterismo", nos debemos exigir como sociedad que: a) los partidos políticos tengan valores; b) que los valores que cada partido enarbole, sean materializados en sus posiciones públicas y en sus labores partidarias, y c) que quienes se propongan como referentes, encarnen aquellos valores que cada partido dice sostener.
Y si así no lo hicieren, alguna vez, la sociedad se lo demande.

El culpable es el chancho?

(EL DIARIO REGIONAL, 06/11/2005) Esta semana se dio a conocer un hecho gravísimo: en el municipo existiría un circuito ilegal para borrar deudas de tasas fiscales, presunción que derivó en una denuncia penal presentada por el gobierno de Humberto Zúccaro, y que ahora la Justicia investiga.

Esto parece significar que alguien, mediante alguna compensación, obtenía una rebaja o eliminación de su deuda municipal. En términos penales, sería un fraude en perjuicio de la administración pública municipal.

Sin embargo, para el Jefe de Gabinete Osvaldo Pugliese, “estas irregularidades administrativas que tienen que ver con la baja de tasas por diversos mecanismos, para nosotros... configuran la presunción –no la certeza- de la comisión de algún delito”.
El Jefe de Gabinete, vocero de facto cuando las papas queman, dijo que “el sistema funciona, [porque] detecta rápidamente este tipo de irregularidades”.

Pero su aclaración posterior dejó demasiadas dudas en cuanto al sentido de rapidez del funcionario: “...estos grupos que estaban... que existieron siempre en la Municipalidad Del Pilar, han comenzado... habían comenzado a 'activar' (sic) en la Municipalidad de Pilar, estamos determinando desde cuándo han comenzado a 'activar' en la Municipalidad Del Pilar, pero rápidamente hemos detectado estas irregularidades, bueno, ahora quedará en poder de la fiscalía la búsqueda de responsabilidades...estamos en presencia de un hecho que desde hace muchos años se conoce y tiene ciclos de activación, y que para nosotros es un tema estructural en Pilar...”

Lo barato sale caro
El Diario Regional del viernes dijo que el caso se detectó gracias al traspaso de los sistemas informáticos y administrativos de la UTE Tecsa (encargada del cobro de tasas durante la gestión del ex intendente Bivort) a la administración actual. Sin embargo, durante los años de actuación de la UTE no se conoció un sólo caso de cobranzas “irregulares”, quizás porque el software que utilizaba la empresa privada permitía cumplir con los dos requisitos básicos de los registros contables: inalterabilidad (que no se pueda modificar el contenido) y verificabilidad (que se puedan reconstruir las operaciones).

A la luz de lo sucedido, parecería que el sistema informático que se utiliza hoy en la municipalidad es más barato en términos de costos, pero no cumple con estas elementales premisas.
Y el cambio de sistema fue decidido por el Secretario de Hacienda.

Un poco de historia
En junio del año pasado, Ondarza aseguró que (a principios de 2004) luego de emitir las boletas de las tasas municipales, se presentaron numerosos reclamos, especialmente por las liquidaciones practicadas a parcelas de grandes superficies; y que del análisis de esos reclamos, observaron que los montos crecían de manera exponencial, por lo que resolvieron disminuir el valor a tributar por metro cuadrado. Me pregunto cómo implementaron esa disminución; el sistema informático, ¿permite auditar las operaciones mediante las cuales se modifican los registros de las bases de datos, o los parámetros de cálculo?; porque si así fuera, no habrá que investigar demasiado para llegar a los responsables materiales del supuesto ilícito. Bastaría con mirar esos registros.

Pero si esa posibilidad no existe, habrá que comenzar a mirar para arriba, hacia los responsables de haber escogido un sistema demasiado “vulnerable”.

En la conferencia de prensa, Ondarza dijo: “...nosotros venimos haciendo cruces de información pero no en forma exhaustiva ni a fondo como fue este caso”. Deberían haberlos hecho.

Dice la ley penal que “el delito omisivo consiste siempre en la omisión de una determinada acción que el sujeto tenía obligación de realizar y que podía realizar”. Ahora bien, el Secretario de Hacienda ¿no debió controlar “a fondo”? ¿cumplió eficazmente con su función de fiscalizar las operaciones de su área?.

Si todo se aclara y los eventuales responsables terminan identificados y condenados, tendremos un final feliz, pero si de todo esto resultaran pérdidas millonarias ¿quién se hará cargo?

El culpable es el chancho?

(EL DIARIO REGIONAL, 06/11/2005) Esta semana se dio a conocer un hecho gravísimo: en el municipo existiría un circuito ilegal para borrar deudas de tasas fiscales, presunción que derivó en una denuncia penal presentada por el gobierno de Humberto Zúccaro, y que ahora la Justicia investiga.

Esto parece significar que alguien, mediante alguna compensación, obtenía una rebaja o eliminación de su deuda municipal. En términos penales, sería un fraude en perjuicio de la administración pública municipal.

Sin embargo, para el Jefe de Gabinete Osvaldo Pugliese, “estas irregularidades administrativas que tienen que ver con la baja de tasas por diversos mecanismos, para nosotros... configuran la presunción –no la certeza- de la comisión de algún delito”.
El Jefe de Gabinete, vocero de facto cuando las papas queman, dijo que “el sistema funciona, [porque] detecta rápidamente este tipo de irregularidades”.

Pero su aclaración posterior dejó demasiadas dudas en cuanto al sentido de rapidez del funcionario: “...estos grupos que estaban... que existieron siempre en la Municipalidad Del Pilar, han comenzado... habían comenzado a 'activar' (sic) en la Municipalidad de Pilar, estamos determinando desde cuándo han comenzado a 'activar' en la Municipalidad Del Pilar, pero rápidamente hemos detectado estas irregularidades, bueno, ahora quedará en poder de la fiscalía la búsqueda de responsabilidades...estamos en presencia de un hecho que desde hace muchos años se conoce y tiene ciclos de activación, y que para nosotros es un tema estructural en Pilar...”

Lo barato sale caro
El Diario Regional del viernes dijo que el caso se detectó gracias al traspaso de los sistemas informáticos y administrativos de la UTE Tecsa (encargada del cobro de tasas durante la gestión del ex intendente Bivort) a la administración actual. Sin embargo, durante los años de actuación de la UTE no se conoció un sólo caso de cobranzas “irregulares”, quizás porque el software que utilizaba la empresa privada permitía cumplir con los dos requisitos básicos de los registros contables: inalterabilidad (que no se pueda modificar el contenido) y verificabilidad (que se puedan reconstruir las operaciones).

A la luz de lo sucedido, parecería que el sistema informático que se utiliza hoy en la municipalidad es más barato en términos de costos, pero no cumple con estas elementales premisas.
Y el cambio de sistema fue decidido por el Secretario de Hacienda.

Un poco de historia
En junio del año pasado, Ondarza aseguró que (a principios de 2004) luego de emitir las boletas de las tasas municipales, se presentaron numerosos reclamos, especialmente por las liquidaciones practicadas a parcelas de grandes superficies; y que del análisis de esos reclamos, observaron que los montos crecían de manera exponencial, por lo que resolvieron disminuir el valor a tributar por metro cuadrado. Me pregunto cómo implementaron esa disminución; el sistema informático, ¿permite auditar las operaciones mediante las cuales se modifican los registros de las bases de datos, o los parámetros de cálculo?; porque si así fuera, no habrá que investigar demasiado para llegar a los responsables materiales del supuesto ilícito. Bastaría con mirar esos registros.

Pero si esa posibilidad no existe, habrá que comenzar a mirar para arriba, hacia los responsables de haber escogido un sistema demasiado “vulnerable”.

En la conferencia de prensa, Ondarza dijo: “...nosotros venimos haciendo cruces de información pero no en forma exhaustiva ni a fondo como fue este caso”. Deberían haberlos hecho.

Dice la ley penal que “el delito omisivo consiste siempre en la omisión de una determinada acción que el sujeto tenía obligación de realizar y que podía realizar”. Ahora bien, el Secretario de Hacienda ¿no debió controlar “a fondo”? ¿cumplió eficazmente con su función de fiscalizar las operaciones de su área?.

Si todo se aclara y los eventuales responsables terminan identificados y condenados, tendremos un final feliz, pero si de todo esto resultaran pérdidas millonarias ¿quién se hará cargo?

A quien voy a votar

(EL DIARIO REGIONAL, 23/10/2005) Con su voto, hoy usted tiene la posibilidad de decidir quiénes reemplazarán a los 10 ediles que en diciembre dejarán sus bancas en el Concejo Deliberante. De la veintena de boletas de candidatos a concejales que encontrará en el cuarto oscuro, su propia voluntad determinará finalmente los nombres de los reemplazantes.

Pero, ¿cómo elegir una boleta entre tantas, si hasta los nombres de los candidatos pueden resultarnos absolutamente desconocidos? ¿si en el mejor de los casos, quizás los vimos en algún pasacalle, o en algún fugaz aviso televisivo?
Bueno, me pasa lo mismo que a usted, así que preste atención: le voy a comentar algunas ideas que son las que aplicaré para decidir mi voto.

Acompañar
Con lo poco o mucho que les escuché decir a los candidatos durante la campaña, haré el primer tamizado: descartaré a quienes hablaron de "acompañar" el proyecto de tal o cual político, sin mencionar ninguna propuesta; los concejales no deben ser figuras decorativas, sino protagonistas de los cambios que los habitantes de Pilar necesitamos; porque para "acompañar", sería mejor que no lleguen a un lugar en el que por definición deberán "deliberar", es decir, ahondar en los pros y contras de cada decisión.

Por votar a quienes hablaban de "acompañar", tenemos concejales que aprobaron la venta de calles públicas a valores vergonzosos; que "solucionaron" el problema de los boliches y bailantas en el centro de Pilar sancionando una Ordenanza que le trasladó el problema a los vecinos de la Ruta 8; que "arreglaron" el problema del transporte colectivo autorizando a aumentar el boleto a las mismas empresas de siempre; que cajonearon un proyecto de ordenanza de acceso a la información pública, fundamental para prevenir hechos de corrupción; que autorizaron el incomprensible aumento de tarifas de Sudamericana de Aguas, quizás a cambio de que la concesionaria vuelva a aportar dinero para el próximo Congreso de Parlamentos Municipales (aclaración: nunca se hizo la rendición de cuentas del que en 2004 organizaron dos concejales que hoy integran una de las listas).

Propuestas partidarias
De los pocos candidatos que vayan quedando, dividiré entre quiénes encarnan propuestas partidarias consistentes, y quienes en cambio representan sólo sus propias propuestas personales. Me quedaré con los del primer grupo, porque los candidatos que pertenecen a un partido político o a una agrupación vecinal —siempre que posean mecanismos de "democracia interna"— garantizan cierta previsibilidad en sus posturas, porque ellas reflejarán las posiciones de sus partidos. En cambio, votar por quienes integran una lista con propuestas "difusas", conlleva un riesgo mayor: salvo que usted conozca personalmente al candidato, nunca sabrá de antemano si una vez en el concejo, el señor o señora concejal defenderá tales o cuales valores ideológicos, o si sólo luchó por llegar a ese lugar para defender su fuente laboral.

Mencioné lo de "propuestas partidarias consistentes" para marcar una diferencia con aquellas propuestas "gelatinosas", que varían según el humor de la opinión pública. No me convencen aquellos que ahora que son candidatos hablan de participación porque queda bien, pero que hicieron y harán lo imposible para que el Concejo siga siendo una institución de puertas cerradas. Los verdaderos dirigentes son los que mejor encarnan cierta voluntad colectiva, y no los que "actúan" sus posiciones según les convenga.

Festejo
Si usted, estimado lector, siguió mi razonamiento, y vota en consecuencia, es posible que esta noche, cuando se realice el escrutinio, podamos festejar el nacimiento de un Concejo Deliberante renovado, que mejore con sus propuestas el "Pilar para todos", y que ejerza eficazmente su función de contralor. Un Concejo del que cualquier ciudadano quiera ser parte, y no uno que avergüenza porque se lo relaciona con la corrupción y la falta de ideas.

A quien voy a votar

(EL DIARIO REGIONAL, 23/10/2005) Con su voto, hoy usted tiene la posibilidad de decidir quiénes reemplazarán a los 10 ediles que en diciembre dejarán sus bancas en el Concejo Deliberante. De la veintena de boletas de candidatos a concejales que encontrará en el cuarto oscuro, su propia voluntad determinará finalmente los nombres de los reemplazantes.

Pero, ¿cómo elegir una boleta entre tantas, si hasta los nombres de los candidatos pueden resultarnos absolutamente desconocidos? ¿si en el mejor de los casos, quizás los vimos en algún pasacalle, o en algún fugaz aviso televisivo?
Bueno, me pasa lo mismo que a usted, así que preste atención: le voy a comentar algunas ideas que son las que aplicaré para decidir mi voto.

Acompañar
Con lo poco o mucho que les escuché decir a los candidatos durante la campaña, haré el primer tamizado: descartaré a quienes hablaron de "acompañar" el proyecto de tal o cual político, sin mencionar ninguna propuesta; los concejales no deben ser figuras decorativas, sino protagonistas de los cambios que los habitantes de Pilar necesitamos; porque para "acompañar", sería mejor que no lleguen a un lugar en el que por definición deberán "deliberar", es decir, ahondar en los pros y contras de cada decisión.

Por votar a quienes hablaban de "acompañar", tenemos concejales que aprobaron la venta de calles públicas a valores vergonzosos; que "solucionaron" el problema de los boliches y bailantas en el centro de Pilar sancionando una Ordenanza que le trasladó el problema a los vecinos de la Ruta 8; que "arreglaron" el problema del transporte colectivo autorizando a aumentar el boleto a las mismas empresas de siempre; que cajonearon un proyecto de ordenanza de acceso a la información pública, fundamental para prevenir hechos de corrupción; que autorizaron el incomprensible aumento de tarifas de Sudamericana de Aguas, quizás a cambio de que la concesionaria vuelva a aportar dinero para el próximo Congreso de Parlamentos Municipales (aclaración: nunca se hizo la rendición de cuentas del que en 2004 organizaron dos concejales que hoy integran una de las listas).

Propuestas partidarias
De los pocos candidatos que vayan quedando, dividiré entre quiénes encarnan propuestas partidarias consistentes, y quienes en cambio representan sólo sus propias propuestas personales. Me quedaré con los del primer grupo, porque los candidatos que pertenecen a un partido político o a una agrupación vecinal —siempre que posean mecanismos de "democracia interna"— garantizan cierta previsibilidad en sus posturas, porque ellas reflejarán las posiciones de sus partidos. En cambio, votar por quienes integran una lista con propuestas "difusas", conlleva un riesgo mayor: salvo que usted conozca personalmente al candidato, nunca sabrá de antemano si una vez en el concejo, el señor o señora concejal defenderá tales o cuales valores ideológicos, o si sólo luchó por llegar a ese lugar para defender su fuente laboral.

Mencioné lo de "propuestas partidarias consistentes" para marcar una diferencia con aquellas propuestas "gelatinosas", que varían según el humor de la opinión pública. No me convencen aquellos que ahora que son candidatos hablan de participación porque queda bien, pero que hicieron y harán lo imposible para que el Concejo siga siendo una institución de puertas cerradas. Los verdaderos dirigentes son los que mejor encarnan cierta voluntad colectiva, y no los que "actúan" sus posiciones según les convenga.

Festejo
Si usted, estimado lector, siguió mi razonamiento, y vota en consecuencia, es posible que esta noche, cuando se realice el escrutinio, podamos festejar el nacimiento de un Concejo Deliberante renovado, que mejore con sus propuestas el "Pilar para todos", y que ejerza eficazmente su función de contralor. Un Concejo del que cualquier ciudadano quiera ser parte, y no uno que avergüenza porque se lo relaciona con la corrupción y la falta de ideas.

Informarse mejor

Durante el debate de Fedepil del lunes, el Concejal oficialista Carlos Olivera criticó a los candidatos de la oposición presentes, sentenciando que "hay que informarse mejor antes de hablar".

Si el cuerpo que él integra hubiera aprobado el proyecto de Ordenanza de libre acceso a la información pública presentado por Propilar hace más de un año, la crítica hacia el resto de los candidatos tendría más sentido.

Pero la descalificación a la oposición formulada por el Concejal zuccarista, basada en la falta de un recurso —la información pública— hoy monopolizado por el gobierno, no es totalmente válida.
Puede que algunos candidatos desconocieran temas sabidos inclusive por el público asistente, pero aun para el periodismo, demasiadas veces las "puertas abiertas" no lo están tanto.

La transparencia y la credibilidad de las instituciones públicas estimula la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Es necesario avanzar en dos frentes: por un lado en el legislativo, aprobando la Ordenanza que consagre el derecho de acceso a la información pública; por el otro, en "traducir" ese derecho a la sociedad, de tal modo de explicar a todos (personas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, empresas, etc.) cómo el acceso a la información puede marcar una diferencia a la hora de tomar una decisión en cuestiones públicas y de la vida diaria.

En Pilar, la sociedad civil ha avanzado mucho: en abril del año pasado Propilar lo hizo en el primer frente, presentando un proyecto de Ordenanza de libre acceso a la información. Y el lunes, Fedepil avanzó en el segundo frente: los debates de candidatos sirven para tomar conciencia de que la Democracia participativa requiere del acceso a la información pública. Sin embargo, sigue faltando el marco normativo: ahora la pelota está en el campo del gobierno.

Sin información pública accesible, los gobernantes podrán descalificar por "desinformados" a quienes piensen distinto, pero perderán irremediablemente la riqueza de construir una sociedad inclusiva, para todas y todos.

Informarse mejor

Durante el debate de Fedepil del lunes, el Concejal oficialista Carlos Olivera criticó a los candidatos de la oposición presentes, sentenciando que "hay que informarse mejor antes de hablar".

Si el cuerpo que él integra hubiera aprobado el proyecto de Ordenanza de libre acceso a la información pública presentado por Propilar hace más de un año, la crítica hacia el resto de los candidatos tendría más sentido.

Pero la descalificación a la oposición formulada por el Concejal zuccarista, basada en la falta de un recurso —la información pública— hoy monopolizado por el gobierno, no es totalmente válida.
Puede que algunos candidatos desconocieran temas sabidos inclusive por el público asistente, pero aun para el periodismo, demasiadas veces las "puertas abiertas" no lo están tanto.

La transparencia y la credibilidad de las instituciones públicas estimula la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Es necesario avanzar en dos frentes: por un lado en el legislativo, aprobando la Ordenanza que consagre el derecho de acceso a la información pública; por el otro, en "traducir" ese derecho a la sociedad, de tal modo de explicar a todos (personas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, empresas, etc.) cómo el acceso a la información puede marcar una diferencia a la hora de tomar una decisión en cuestiones públicas y de la vida diaria.

En Pilar, la sociedad civil ha avanzado mucho: en abril del año pasado Propilar lo hizo en el primer frente, presentando un proyecto de Ordenanza de libre acceso a la información. Y el lunes, Fedepil avanzó en el segundo frente: los debates de candidatos sirven para tomar conciencia de que la Democracia participativa requiere del acceso a la información pública. Sin embargo, sigue faltando el marco normativo: ahora la pelota está en el campo del gobierno.

Sin información pública accesible, los gobernantes podrán descalificar por "desinformados" a quienes piensen distinto, pero perderán irremediablemente la riqueza de construir una sociedad inclusiva, para todas y todos.

El Pilar del presente

(EL DIARIO REGIONAL, 07/09/2005) "El Municipio y una ONG planifican el Pilar del futuro", tituló El Diario Regional su edición del miércoles pasado. Se refería al convenio firmado en abril entre la Comuna, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), y la Fundación Por Pilar, con el propósito de desarrollar un plan estratégico para nuestro Distrito.

Del dicho al hecho
No es una novedad que existe un abismo entre el discurso y la acción del intendente Humberto Zúccaro. Cuando cumplió un año de mandato, al preguntársele cómo se empezaba a planificar, respondió que le había encomendado la tarea a la Fundación Por Pilar pero que, para evitar que los empresarios sólo planifiquen buenos negocios para ellos, creía que había "que planificar junto a los representantes urbanos, industriales y también con las instituciones intermedias de las localidades", agregando que "deben participar las sociedades de comerciantes, el clero, sociedades de fomento...".

Los primeros —los desarrolladores urbanos— sí están planificando el distrito, y lo hacen prescindiendo casi hasta del propio gobierno. Pero en cambio la sociedad, a través de sus instituciones intermedias, nunca fue invitada a la mesa, y algunos de sus integrantes continúan creyendo que la planificación estratégica es —como la participación política— una cuestión reservada a personas iluminadas, con condiciones especiales, con "conducción".

Para Zúccaro, la planificación estratégica de Pilar es un proceso que debe responder a un modelo concebido desde las oficinas de algún desarrollador urbano. Se equivoca: la planificación es un asunto de todos. A la voluntad de los actores económicos, casi siempre enfocada en sus ganancias de corto plazo, el gobierno debe anteponer lo que se denomina "función social" de la ciudad, que se refiere a proyectarla de manera más equitativa, con menos desequilibrios.

Modelos para Importar
En un recuadro de la nota citada se mencionaba que el CIPPEC había ofrecido al gobierno local —como "caso de éxito"— el plan estratégico de Morón. Claro que allí el gobierno encabezado por Martín Sabbatella entendió la participación ciudadana de modo bien distinto. Por eso impulsó una ordenanza (entre otras muchas) de libre acceso a la información pública; al sancionarla, el presidente del deliberativo moronense señaló que ese "derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas no puede estar sujeto a la voluntad política de los gobiernos".

El presidente de HCD pilarense también recibió en abril del año pasado una propuesta de ordenanza similar a la aprobada en Morón. Pero aunque las declaraciones oficiales de entonces fueron alentadoras, la realidad es que hoy el libre acceso a la información pública en Pilar sigue siendo una promesa incumplida.

Paradójicamente, una de las ONG convocadas para tratar la ordenanza en Morón fue el mismo CIPPEC. El año pasado, al ser consultados sobre la posibilidad de que apoyen el proyecto en Pilar, tal como lo hicieron en Morón, rechazaron el pedido argumentando que su función en nuestro distrito pasaba por otros temas. Temas que —como el análisis de la ordenanza tributaria y fiscal que realizaron en 2004— nunca fueron dados a conocer.

Planificación VIP
Poniendo un ejemplo reciente de cómo se entiende la planificación en algunos sectores de nuestra sociedad, "la mejor seguridad para un country es cuando tiene otro country al lado", expresó a FM Plaza un alto funcionario de la federación de clubes de campo. Resulta evidente que demasiadas veces, lo que es bueno para unos, es indudablemente malo para otros. Esto no encierra ningún juicio de valor: cada actor social buscará su propia conveniencia. Lo que sí encierra es falta de compromiso con una planificación balanceada, que se oriente hacia una ciudad con igualdad de oportunidades para todos sus integrantes.

Para corregir las asimetrías generadas, el Estado debe intervenir, estimulando la participación de las asociaciones intermedias, organizaciones no gubernamentales o "tercer sector", como se las ha dado en llamar. Los vecinos no debemos aceptar que se nos convoque sólo para votar y pagar impuestos. Pilar, como dice el eslogan zuccarista, es de todos, y todos tenemos el derecho —y el deber— de expresar cómo es la ciudad que queremos.

El Pilar del presente

(EL DIARIO REGIONAL, 07/09/2005) "El Municipio y una ONG planifican el Pilar del futuro", tituló El Diario Regional su edición del miércoles pasado. Se refería al convenio firmado en abril entre la Comuna, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), y la Fundación Por Pilar, con el propósito de desarrollar un plan estratégico para nuestro Distrito.

Del dicho al hecho
No es una novedad que existe un abismo entre el discurso y la acción del intendente Humberto Zúccaro. Cuando cumplió un año de mandato, al preguntársele cómo se empezaba a planificar, respondió que le había encomendado la tarea a la Fundación Por Pilar pero que, para evitar que los empresarios sólo planifiquen buenos negocios para ellos, creía que había "que planificar junto a los representantes urbanos, industriales y también con las instituciones intermedias de las localidades", agregando que "deben participar las sociedades de comerciantes, el clero, sociedades de fomento...".

Los primeros —los desarrolladores urbanos— sí están planificando el distrito, y lo hacen prescindiendo casi hasta del propio gobierno. Pero en cambio la sociedad, a través de sus instituciones intermedias, nunca fue invitada a la mesa, y algunos de sus integrantes continúan creyendo que la planificación estratégica es —como la participación política— una cuestión reservada a personas iluminadas, con condiciones especiales, con "conducción".

Para Zúccaro, la planificación estratégica de Pilar es un proceso que debe responder a un modelo concebido desde las oficinas de algún desarrollador urbano. Se equivoca: la planificación es un asunto de todos. A la voluntad de los actores económicos, casi siempre enfocada en sus ganancias de corto plazo, el gobierno debe anteponer lo que se denomina "función social" de la ciudad, que se refiere a proyectarla de manera más equitativa, con menos desequilibrios.

Modelos para Importar
En un recuadro de la nota citada se mencionaba que el CIPPEC había ofrecido al gobierno local —como "caso de éxito"— el plan estratégico de Morón. Claro que allí el gobierno encabezado por Martín Sabbatella entendió la participación ciudadana de modo bien distinto. Por eso impulsó una ordenanza (entre otras muchas) de libre acceso a la información pública; al sancionarla, el presidente del deliberativo moronense señaló que ese "derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas no puede estar sujeto a la voluntad política de los gobiernos".

El presidente de HCD pilarense también recibió en abril del año pasado una propuesta de ordenanza similar a la aprobada en Morón. Pero aunque las declaraciones oficiales de entonces fueron alentadoras, la realidad es que hoy el libre acceso a la información pública en Pilar sigue siendo una promesa incumplida.

Paradójicamente, una de las ONG convocadas para tratar la ordenanza en Morón fue el mismo CIPPEC. El año pasado, al ser consultados sobre la posibilidad de que apoyen el proyecto en Pilar, tal como lo hicieron en Morón, rechazaron el pedido argumentando que su función en nuestro distrito pasaba por otros temas. Temas que —como el análisis de la ordenanza tributaria y fiscal que realizaron en 2004— nunca fueron dados a conocer.

Planificación VIP
Poniendo un ejemplo reciente de cómo se entiende la planificación en algunos sectores de nuestra sociedad, "la mejor seguridad para un country es cuando tiene otro country al lado", expresó a FM Plaza un alto funcionario de la federación de clubes de campo. Resulta evidente que demasiadas veces, lo que es bueno para unos, es indudablemente malo para otros. Esto no encierra ningún juicio de valor: cada actor social buscará su propia conveniencia. Lo que sí encierra es falta de compromiso con una planificación balanceada, que se oriente hacia una ciudad con igualdad de oportunidades para todos sus integrantes.

Para corregir las asimetrías generadas, el Estado debe intervenir, estimulando la participación de las asociaciones intermedias, organizaciones no gubernamentales o "tercer sector", como se las ha dado en llamar. Los vecinos no debemos aceptar que se nos convoque sólo para votar y pagar impuestos. Pilar, como dice el eslogan zuccarista, es de todos, y todos tenemos el derecho —y el deber— de expresar cómo es la ciudad que queremos.

Seguí participando!

(PILAR DE TODOS, 03/10/2005) Esta semana el gobierno local anticipó que en marco del convenio firmado en abril pasado entre la Comuna, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Fundación Por Pilar, estas ONG’s planifican estratégicamente el “Pilar del futuro”.

Ya en diciembre de 2004, el intendente Humberto Zúccaro reconoció que le había encomendado la tarea de planificar el distrito a la Fundación Por Pilar, pero que, para evitar que los empresarios sólo planifiquen buenos negocios para ellos, creía que “deben participar las sociedades de comerciantes, el clero, sociedades de fomento...”.

Esta prometida participación comunitaria nunca se dio. Claro que no todo es culpa del gobierno local: muchas veces los dirigentes de la sociedad civil se sientan a esperar que los vecinos se acerquen a participar en entidades del “tercer sector”, cuando lo que deberían tratar de hacer, es participar ellos —a través de las instituciones que representan— en las cosas que preocupan a los vecinos.

En un reciente encuentro municipal con ONG’s, se mencionó la posibilidad de avanzar en la implementación del presupuesto participativo, una herramienta de gestión probada que, junto con el libre acceso a la información, cosecha éxitos en muchísimas ciudades de nuestro país y del mundo; sin embargo, cuando la prensa requirió precisiones sobre la iniciativa, el jefe de gabinete relativizó los dichos del jefe comunal, de modo que una vez más, discurso y acción marchan separados en el gobierno. Muy separados.

También se supo que entre los “casos de éxito” que el CIPPEC y la Fundación Por Pilar le acercaron a Zúccaro, estaba el Plan Estratégico del Municipio de Morón. Lo que nunca se dijo, es que allí, junto con el plan estratégico, se impulsaron muchas otras iniciativas —como el libre acceso a la información pública—, que de no aplicarse de manera simultánea, recortan la propuesta de planeamiento hasta convertirla en poco más que un discurso de campaña, sin ninguna trascendencia para la vida de los vecinos.


En toda ciudad hay actividades especulativas y productivas que hacen más dependientes y vulnerables al “Pilar del futuro” y que por lo tanto deberían ser sustituidas o desalentadas, mientras que otras actividades, social y ecológicamente beneficiosas, deberían ser mantenidas o incrementadas. Es decir, tendríamos que elaborar modelos de transición hacia un distrito más sustentable más sustentables, re-equilibrando sectores productivos y de servicios, consumiendo menos energía, reciclando, etc. A largo plazo, ciudades socialmente muy conflictivas (con fuertes presencias delictivas, etc.) y ecológicamente insalubres (mala calidad del habitat/habitar), tampoco reciben inversiones internacionales. Por lo que plantearse la economía sin tener en cuenta los problemas ecológicos y sociales, sí que es una apuesta arriesgada y un tanto ilusoria.

La planificación estratégica puede estar impulsada desde actores sociales muy diversos y con intereses incluso antagónicos. Lo que es necesario es que se dejen de lado aquellos aspectos que puedan resultar más desintegradores y excluyentes.
Por caso, plantear que cada localidad podría tener en el futuro la posibilidad de administrar una parte del dinero que en ella se recaude, es una política que lejos de mejorar la vida de los vecinos, no hará más que aumentar las desigualdades entre localidades “ricas” y “pobres” por una desigual inversión pública. Los lugares con menor desarrollo, como Presidente Derqui o Manuel Alberti, con posibilidades de recaudación limitadas, tendrán dificultades para financiar su desarrollo local. Si no existen mecanismos de redistribución financiera territorial a través del presupuesto municipal, la tendencia será hacia un mayor desequilibro territorial y hacia procesos de desarrollo “egoístas”. Evitarlo es y será tarea de todos.

El libre acceso a la información pública
Hace algunos meses, el Concejo Deliberante de Morón aprobó una ordenanza de libre acceso a la información pública; la sesión especial se realizó —todo un símbolo— en una escuela. El presidente de Concejo Deliberante de Morón señaló entonces que “resulta de vital importancia normar y facilitar los mecanismos de acceso a la información pública ya que este derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas no puede estar sujeto a la voluntad política de los gobiernos”. En Pilar, el presidente del cuerpo legislativo recibió una propuesta similar en abril de 2004, y si bien sus declaraciones de entonces fueron promisorias, la realidad es que el libre acceso a la información pública en nuestro distrito sigue siendo sólo una propuesta que no encontró eco en los ediles, ocupados eternamente en cuestiones más trascendentales, como son los congresos latinoamericanos de concejales, ya sea que participen como anfitriones (como el año pasado) o como invitados (como este año).Para tratar la ordenanza, el Municipio de Morón realizó una amplia convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil para que formen parte —a través del proceso de Elaboración Participativa de Normas— de la confección del proyecto. Las organizaciones participantes fueron el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, el Colegios de Abogados de Morón, la Sociedad de Fomento Primera Junta, la Sociedad de Fomento 10 de Agosto, el Centro de Jubilados y Pensionados Alas Argentinas de El Palomar, la Unión de Centro de Jubilados y Pensionados del Oeste Bonaerense (UCEJOB) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Seguí participando!

(PILAR DE TODOS, 03/10/2005) Esta semana el gobierno local anticipó que en marco del convenio firmado en abril pasado entre la Comuna, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Fundación Por Pilar, estas ONG’s planifican estratégicamente el “Pilar del futuro”.

Ya en diciembre de 2004, el intendente Humberto Zúccaro reconoció que le había encomendado la tarea de planificar el distrito a la Fundación Por Pilar, pero que, para evitar que los empresarios sólo planifiquen buenos negocios para ellos, creía que “deben participar las sociedades de comerciantes, el clero, sociedades de fomento...”.

Esta prometida participación comunitaria nunca se dio. Claro que no todo es culpa del gobierno local: muchas veces los dirigentes de la sociedad civil se sientan a esperar que los vecinos se acerquen a participar en entidades del “tercer sector”, cuando lo que deberían tratar de hacer, es participar ellos —a través de las instituciones que representan— en las cosas que preocupan a los vecinos.

En un reciente encuentro municipal con ONG’s, se mencionó la posibilidad de avanzar en la implementación del presupuesto participativo, una herramienta de gestión probada que, junto con el libre acceso a la información, cosecha éxitos en muchísimas ciudades de nuestro país y del mundo; sin embargo, cuando la prensa requirió precisiones sobre la iniciativa, el jefe de gabinete relativizó los dichos del jefe comunal, de modo que una vez más, discurso y acción marchan separados en el gobierno. Muy separados.

También se supo que entre los “casos de éxito” que el CIPPEC y la Fundación Por Pilar le acercaron a Zúccaro, estaba el Plan Estratégico del Municipio de Morón. Lo que nunca se dijo, es que allí, junto con el plan estratégico, se impulsaron muchas otras iniciativas —como el libre acceso a la información pública—, que de no aplicarse de manera simultánea, recortan la propuesta de planeamiento hasta convertirla en poco más que un discurso de campaña, sin ninguna trascendencia para la vida de los vecinos.


En toda ciudad hay actividades especulativas y productivas que hacen más dependientes y vulnerables al “Pilar del futuro” y que por lo tanto deberían ser sustituidas o desalentadas, mientras que otras actividades, social y ecológicamente beneficiosas, deberían ser mantenidas o incrementadas. Es decir, tendríamos que elaborar modelos de transición hacia un distrito más sustentable más sustentables, re-equilibrando sectores productivos y de servicios, consumiendo menos energía, reciclando, etc. A largo plazo, ciudades socialmente muy conflictivas (con fuertes presencias delictivas, etc.) y ecológicamente insalubres (mala calidad del habitat/habitar), tampoco reciben inversiones internacionales. Por lo que plantearse la economía sin tener en cuenta los problemas ecológicos y sociales, sí que es una apuesta arriesgada y un tanto ilusoria.

La planificación estratégica puede estar impulsada desde actores sociales muy diversos y con intereses incluso antagónicos. Lo que es necesario es que se dejen de lado aquellos aspectos que puedan resultar más desintegradores y excluyentes.
Por caso, plantear que cada localidad podría tener en el futuro la posibilidad de administrar una parte del dinero que en ella se recaude, es una política que lejos de mejorar la vida de los vecinos, no hará más que aumentar las desigualdades entre localidades “ricas” y “pobres” por una desigual inversión pública. Los lugares con menor desarrollo, como Presidente Derqui o Manuel Alberti, con posibilidades de recaudación limitadas, tendrán dificultades para financiar su desarrollo local. Si no existen mecanismos de redistribución financiera territorial a través del presupuesto municipal, la tendencia será hacia un mayor desequilibro territorial y hacia procesos de desarrollo “egoístas”. Evitarlo es y será tarea de todos.

El libre acceso a la información pública
Hace algunos meses, el Concejo Deliberante de Morón aprobó una ordenanza de libre acceso a la información pública; la sesión especial se realizó —todo un símbolo— en una escuela. El presidente de Concejo Deliberante de Morón señaló entonces que “resulta de vital importancia normar y facilitar los mecanismos de acceso a la información pública ya que este derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas no puede estar sujeto a la voluntad política de los gobiernos”. En Pilar, el presidente del cuerpo legislativo recibió una propuesta similar en abril de 2004, y si bien sus declaraciones de entonces fueron promisorias, la realidad es que el libre acceso a la información pública en nuestro distrito sigue siendo sólo una propuesta que no encontró eco en los ediles, ocupados eternamente en cuestiones más trascendentales, como son los congresos latinoamericanos de concejales, ya sea que participen como anfitriones (como el año pasado) o como invitados (como este año).Para tratar la ordenanza, el Municipio de Morón realizó una amplia convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil para que formen parte —a través del proceso de Elaboración Participativa de Normas— de la confección del proyecto. Las organizaciones participantes fueron el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, el Colegios de Abogados de Morón, la Sociedad de Fomento Primera Junta, la Sociedad de Fomento 10 de Agosto, el Centro de Jubilados y Pensionados Alas Argentinas de El Palomar, la Unión de Centro de Jubilados y Pensionados del Oeste Bonaerense (UCEJOB) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Las patas de la mentira

Durante 2003, por cada 100 pesos que ingresaron a las arcas municipales, el gobierno de Sergio Bivort destinó apenas 26 a pagar a sus funcionarios y al personal municipal. El año pasado, en cambio, Humberto Zúccaro destinó 37 pesos por cada cien. Además, lo que gastó en personal fue de casi 10 millones de pesos más que su antecesor.

Mas allá del gasto global, se sabe que la cantidad de funcionarios (con cargos de Directores y superiores) aumentó por encima del doble, y que los sueldos de los “nuevos” son sensiblemente superiores a los de los funcionarios “viejos”.
Nada se cumple con respecto a las normas que pretendían dotar de transparencia y equidad a la cuestión del empleo municipal, como son el ingreso por concurso público, o la ordenanza 240/01 por la cual los empleados contratados no pueden tener un sueldo distinto ni superior al que recibe un empleado de carrera por la misma función.

Aunque para el Secretario de Hacienda, Daniel Ondarza, el presupuesto sea un simple formalismo, para el resto del mundo los presupuestos son instrumentos que permiten medir rendimientos, toda vez que los mismos determinan objetivos fijados. Claro que si los objetivos no existen, no es de extrañar que el presupuesto sea —en palabras del Secretario— “un simple formalismo”. Si en cambio se establecieran, como en cualquier gobierno “de puertas abiertas” en serio, objetivos y metas presupuestarias, la magnitud de las desviaciones indicaría la eficiencia o ineficiencia de la gestión municipal.

Si lo que recibía Humberto Zúccaro en diciembre de 2003 era una “pesada herencia”, como aseguró entonces ¿cómo es posible que no haya tomado una sola medida de austeridad? ¿cómo pudo desviarse de manera tan grosera de su promesa de destinar el aumento en la recaudación a financiar obras?. Observemos que en el rubro “gastos en bienes y servicios” se gastaron casi cinco millones menos que en 2003.

El porcentaje de gastos destinado a personal se elevó del 26 a 37%. Al intendente se lo vio satisfecho por no superar el tope del 40% impuesto por una ordenanza que él mismo aprobó en 2001. Pero por cada punto porcentual de mayor gasto en personal, se dejan de construir más de 10 cuadras de asfalto al año, que dentro de 30 meses, cuando Zúccaro finalice su mandato, hubieran representado accesos pavimentados para muchos de los barrios del partido.

Brindar información es una obligación para cualquier gobierno, aunque no se pida; pero si efectivamente se pide que se brinde (como se pidió por nota en el caso de esta rendición), la obligación es inexcusable. Sin embargo, para la gestión de Humberto Zúccaro, el secreto es la regla, y brindar información es la excepción. Y como advirtió el editor del Washington Post durante la revelación del Watergate (que terminó con la renuncia de Nixon a la presidencia de Estados Unidos), “no brindar la información cuando se la tiene es como no decir la verdad”.

Las patas de la mentira

Durante 2003, por cada 100 pesos que ingresaron a las arcas municipales, el gobierno de Sergio Bivort destinó apenas 26 a pagar a sus funcionarios y al personal municipal. El año pasado, en cambio, Humberto Zúccaro destinó 37 pesos por cada cien. Además, lo que gastó en personal fue de casi 10 millones de pesos más que su antecesor.

Mas allá del gasto global, se sabe que la cantidad de funcionarios (con cargos de Directores y superiores) aumentó por encima del doble, y que los sueldos de los “nuevos” son sensiblemente superiores a los de los funcionarios “viejos”.
Nada se cumple con respecto a las normas que pretendían dotar de transparencia y equidad a la cuestión del empleo municipal, como son el ingreso por concurso público, o la ordenanza 240/01 por la cual los empleados contratados no pueden tener un sueldo distinto ni superior al que recibe un empleado de carrera por la misma función.

Aunque para el Secretario de Hacienda, Daniel Ondarza, el presupuesto sea un simple formalismo, para el resto del mundo los presupuestos son instrumentos que permiten medir rendimientos, toda vez que los mismos determinan objetivos fijados. Claro que si los objetivos no existen, no es de extrañar que el presupuesto sea —en palabras del Secretario— “un simple formalismo”. Si en cambio se establecieran, como en cualquier gobierno “de puertas abiertas” en serio, objetivos y metas presupuestarias, la magnitud de las desviaciones indicaría la eficiencia o ineficiencia de la gestión municipal.

Si lo que recibía Humberto Zúccaro en diciembre de 2003 era una “pesada herencia”, como aseguró entonces ¿cómo es posible que no haya tomado una sola medida de austeridad? ¿cómo pudo desviarse de manera tan grosera de su promesa de destinar el aumento en la recaudación a financiar obras?. Observemos que en el rubro “gastos en bienes y servicios” se gastaron casi cinco millones menos que en 2003.

El porcentaje de gastos destinado a personal se elevó del 26 a 37%. Al intendente se lo vio satisfecho por no superar el tope del 40% impuesto por una ordenanza que él mismo aprobó en 2001. Pero por cada punto porcentual de mayor gasto en personal, se dejan de construir más de 10 cuadras de asfalto al año, que dentro de 30 meses, cuando Zúccaro finalice su mandato, hubieran representado accesos pavimentados para muchos de los barrios del partido.

Brindar información es una obligación para cualquier gobierno, aunque no se pida; pero si efectivamente se pide que se brinde (como se pidió por nota en el caso de esta rendición), la obligación es inexcusable. Sin embargo, para la gestión de Humberto Zúccaro, el secreto es la regla, y brindar información es la excepción. Y como advirtió el editor del Washington Post durante la revelación del Watergate (que terminó con la renuncia de Nixon a la presidencia de Estados Unidos), “no brindar la información cuando se la tiene es como no decir la verdad”.

Lo que hay que tener

“No todos tienen lo que hay que tener”, dijo Hilda “Chiche” Duhalde refiriéndose a Humberto Zúccaro, y cuestionándole que éste le habría pedido que ella no estuviera presente en un acto en nuestro distrito junto al Gobernador, para evitarle una situación incómoda al jefe comunal.

No interesa analizar aquí el grado de hombría que la señora de Duhalde le asigna a Zúccaro: si hay algo que la mayoría de los pilarenses le reconocemos al doctor es su permanente actitud de mostrarse “poniendo el pecho a las balas”. Y por la crítica grosera que le regaló “Chiche”, nadie debería preocuparse; después de todo, es más razonable aceptar que en Pilar sea Zúccaro quien decida con qué oradores comparte los escenarios, que coincidir con la señora Hilda González en que el intendente deba ser un anfitrión “pintado”, que reciba a cuanto político en campaña ande necesitando tribuna para mostrarse; más aún, no es precisamente el Gobernador Felipe Solá quien será candidato en las elecciones de octubre, de modo que la crítica de la candidata a senadora nacional —que sí está en campaña— no es más que eso: una vulgar agresión de campaña.

¿Porqué Chiche eligió ese hecho anecdótico para descalificar a Zúccaro? ¿El intendente no tiene acaso, flancos más vulnerables que su deslealtad con Duhalde, quien hasta ayer fue su líder político? Claro que sí, el problema radica en que al pretender inventariar las debilidades del jefe comunal, autoproclamado miembro de la “mesa chica” del Presidente, la candidata del PJ se vería a sí misma reflejada en un espejo.

El peronismo —como la mayoría de los partidos políticos— es hoy un rejunte de supuestos dirigentes con escasa representación. Las prácticas de democracia interna son proclamadas por todos, pero casi nunca se aplican. Los políticos han encontrado la forma de esquivar cada intento de reforma política seria. Gambetearon el “que se vayan todos” del verano de 2002 mejor que el Diego a los ingleses en el Mundial ’86. Hoy todos están de vuelta.

Ahí lo tenemos a un renovado Zúccaro, doce años concejal y hoy intendente, junto a sus compañeros de ruta de siempre. ¿Y la renovación política de la que hablaban?. En 1997, Duhalde sostenía que "hoy tenemos dos veredas; por una transitan casi todos los partidos desgastados y faltos de credibilidad; por la otra,
las buenas gestiones de Gobierno". En 2005, todos se han pasado a la “vereda del sol”.

Ahora, ya en campaña, se lo ve a toda hora —incluso a la mañana— por televisión, de inauguración en inauguración. No se trata de cuestionar la publicidad destinada a informar, ya que eso constituye una obligación de todo gobierno; pero si se utiliza dinero de todos para mostrar durante horas inauguraciones que ocurrieron hace ocho meses, resulta preocupante.

Lo que hay que tener para ser buen intendente, no es lo que sugirió Chiche, primero porque eso lo tenemos naturalmente todos los hombres, y segundo porque su afirmación atenta contra el derecho de las mujeres a ser elegidas.

Lo que sí hay que tener —además de capacidad de gestión— es un comportamiento democrático, participativo y transparente.


Nota del Autor: por si a algún funcionario se le cae la idea de contrarrestar esta crítica diciendo que hay que proponer en lugar de denunciar, me anticipo a ella, sugiriéndole que revise las propuestas de ordenanzas de publicidad oficial que efectuamos hace tiempo, y que —como era de esperar— duermen en algún cajón del Concejo Deliberante.

Lo que hay que tener

“No todos tienen lo que hay que tener”, dijo Hilda “Chiche” Duhalde refiriéndose a Humberto Zúccaro, y cuestionándole que éste le habría pedido que ella no estuviera presente en un acto en nuestro distrito junto al Gobernador, para evitarle una situación incómoda al jefe comunal.

No interesa analizar aquí el grado de hombría que la señora de Duhalde le asigna a Zúccaro: si hay algo que la mayoría de los pilarenses le reconocemos al doctor es su permanente actitud de mostrarse “poniendo el pecho a las balas”. Y por la crítica grosera que le regaló “Chiche”, nadie debería preocuparse; después de todo, es más razonable aceptar que en Pilar sea Zúccaro quien decida con qué oradores comparte los escenarios, que coincidir con la señora Hilda González en que el intendente deba ser un anfitrión “pintado”, que reciba a cuanto político en campaña ande necesitando tribuna para mostrarse; más aún, no es precisamente el Gobernador Felipe Solá quien será candidato en las elecciones de octubre, de modo que la crítica de la candidata a senadora nacional —que sí está en campaña— no es más que eso: una vulgar agresión de campaña.

¿Porqué Chiche eligió ese hecho anecdótico para descalificar a Zúccaro? ¿El intendente no tiene acaso, flancos más vulnerables que su deslealtad con Duhalde, quien hasta ayer fue su líder político? Claro que sí, el problema radica en que al pretender inventariar las debilidades del jefe comunal, autoproclamado miembro de la “mesa chica” del Presidente, la candidata del PJ se vería a sí misma reflejada en un espejo.

El peronismo —como la mayoría de los partidos políticos— es hoy un rejunte de supuestos dirigentes con escasa representación. Las prácticas de democracia interna son proclamadas por todos, pero casi nunca se aplican. Los políticos han encontrado la forma de esquivar cada intento de reforma política seria. Gambetearon el “que se vayan todos” del verano de 2002 mejor que el Diego a los ingleses en el Mundial ’86. Hoy todos están de vuelta.

Ahí lo tenemos a un renovado Zúccaro, doce años concejal y hoy intendente, junto a sus compañeros de ruta de siempre. ¿Y la renovación política de la que hablaban?. En 1997, Duhalde sostenía que "hoy tenemos dos veredas; por una transitan casi todos los partidos desgastados y faltos de credibilidad; por la otra,
las buenas gestiones de Gobierno". En 2005, todos se han pasado a la “vereda del sol”.

Ahora, ya en campaña, se lo ve a toda hora —incluso a la mañana— por televisión, de inauguración en inauguración. No se trata de cuestionar la publicidad destinada a informar, ya que eso constituye una obligación de todo gobierno; pero si se utiliza dinero de todos para mostrar durante horas inauguraciones que ocurrieron hace ocho meses, resulta preocupante.

Lo que hay que tener para ser buen intendente, no es lo que sugirió Chiche, primero porque eso lo tenemos naturalmente todos los hombres, y segundo porque su afirmación atenta contra el derecho de las mujeres a ser elegidas.

Lo que sí hay que tener —además de capacidad de gestión— es un comportamiento democrático, participativo y transparente.


Nota del Autor: por si a algún funcionario se le cae la idea de contrarrestar esta crítica diciendo que hay que proponer en lugar de denunciar, me anticipo a ella, sugiriéndole que revise las propuestas de ordenanzas de publicidad oficial que efectuamos hace tiempo, y que —como era de esperar— duermen en algún cajón del Concejo Deliberante.

Gallito de Veleta

A 18 MESES DE GOBIERNO

El comienzo de la gestión de Humberto Zúccaro estuvo inundado de gestos de apoyo a la “transversalidad” propuesta por el Presidente Kirchner. Los primeros ocupantes del organigrama comunal provenían de un amplio abanico partidario, encontrándose funcionarios oriundos del radicalismo, del frepaso y hasta del arismo de Carrió. Pero en el año y medio de gobierno que se acaba de cumplir, en el gabinete zuccarista hay espacio sólo para los “puros” (y también para algunos conversos).

Triste privilegio
Hace dos semanas atrás, El Diario Regional publicó en un suplemento especial gran cantidad de datos sobre inversión, salud, educación, etc. Claro que no toda la realidad de Pilar pudo verse reflejada allí. Por caso, nada decía el informe sobre el elevado índice de mortalidad infantil de nuestro distrito. Desde ya, no todo es responsabilidad del gobierno de Humberto Zúccaro pero —sin duda—, mucho de lo que nos pasa, pasa porque a nivel local carecemos de un plan estratégico integral. Haber destinado recursos eternamente escasos a reinaugurar los hospitales de Del Viso y de Presidente Derqui, teniendo en el distrito una veintena de centros de atención primaria —terminal obligada para la inmensa cantidad de pilarenses— que cierran de noche por falta de presupuesto (y que de día funcionan como pueden por igual motivo) no parece haber sido la decisión más oportuna. Máxime con un partido que ostenta el triste privilegio de superar el índice de mortalidad infantil provincial.

Municipio insalubre
El año pasado se sancionó una Ordenanza impulsada por el intendente Zúccaro que integraba a Pilar a la “Red de municipios saludables”. El primer punto de los postulados que se sostienen en la red es que el gobierno involucre a la comunidad en el diseño, implementación y control de las políticas públicas. Sin embargo, las medidas que se toman transita a contramano de lo que debería hacerse. Cuando en enero pasado se aprobó la instalación de 16 antenas de telefonía celular en lugares prohibidos, el jefe comunal defendió la medida y criticó a quienes nos opusimos acusándonos de “hacer política”. Pero gracias a que unos pocos “hicimos política”, el gobierno local y la empresa de telefonía celular tendrán que dar marcha atrás con varias de sus instalaciones. Si —como se hace en los “municipios saludables” en serio— se hubiera consultado primero a la comunidad, antes de legislar de acuerdo con as exigencias o necesidades de la empresa, ésta no tendría ahora que desarmar ninguna antena.

Marca de ganado
Primero, el intendente fue duhaldista “de la primera hora”; ahora —por esas cosas de la política— las huestes de Duhalde pueden terminar enfrentándolo junto al pattismo. ¿cómo se sentirán los peronistas que ayer vieron al jefe comunal abrazado con el ex presidente devaluador, el mismo a quien hoy le da la espalda?. ¿Es posible que le perdonen tanto oportunismo, tanto acomodarse como gallito de veleta para dónde sopla el viento?. Quizás sí, al menos en el corto plazo. Porque en época de partidos políticos degradados, poco le interesa a la mayoría de lo vecinos que Zúccaro tenga un concepto de lealtad tan singular. Ayuda a la indiferencia social el elevado presupuesto que el gobierno destina a los medios de prensa locales (unas diez veces más de lo que se gastaba en la gestión anterior); y también ayuda el manejo inmoral que realiza el intendente con los planes asistenciales; ¿cómo es posible que Zúccaro viole la dignidad de miles de beneficiarios de planes “jefes” y de empleados municipales obligándolos a lucir en sus pecheras —cual marca de ganado— su propio nombre?.

El intendente confunde su función de titular del departamento ejecutivo municipal con un cargo partidario, y así se lo ve en los diarios firmando solicitadas del partido justicialista con la leyenda “intendente” debajo de su nombre, o empapelando Pilar con afiches en los que se muestra junto a Kirchner, con el escudo del PJ a la izquierda y el escudo municipal a la derecha (¿quién los habrá pagado? ¿el gobierno municipal o el partido justicialista?).


Se aseguró que el escandaloso aumento de tasas impuesto desde el año pasado iría a financiar obras públicas, pero hoy vemos que las obras se financian mayoritariamente con dinero de la Provincia o hasta de la Nación, mientras que el aumento en la recaudación local se destina a alimentar una insaciable estructura municipal, que en un año y medio de gobierno incorporó a casi un millar de empleados.

En materia de seguridad, creó una superestructura a la que denominó “Patrulla Comunitaria”, y que estaba destinada a colaborar con el accionar policial; pero al poco tiempo, cuando la inseguridad se extendía sin tregua por el distrito, el gobierno minimizó los roles de la fuerza de seguridad comunal, que hoy es poco más que un cuerpo de agentes de tránsito.

La oposición en el Concejo denunció esta semana al gobierno por “malversación de caudales públicos”; y es que el dinero que se recibiría por la venta de calles a los countries tendría que haber sido depositado en una cuenta especial, pero la ordenanza que así lo establecía fue modificada, y en el decreto que finalmente firmó el intendente, nada se dice de la cuenta especial. Es evidente que Zúccaro nunca tuvo la intención de asegurar una operación transparente. Si hubiera querido garantizar que el dinero que ingresaría por la venta de calles públicas se utilizaría para hacer asfaltos, hubiera constituido un fondo fiduciario, porque nadie gasta peor que aquél que decide, como él, en qué gastar la plata de otros.

A un año y medio de gobierno, nada para festejar.

Gallito de Veleta

A 18 MESES DE GOBIERNO

El comienzo de la gestión de Humberto Zúccaro estuvo inundado de gestos de apoyo a la “transversalidad” propuesta por el Presidente Kirchner. Los primeros ocupantes del organigrama comunal provenían de un amplio abanico partidario, encontrándose funcionarios oriundos del radicalismo, del frepaso y hasta del arismo de Carrió. Pero en el año y medio de gobierno que se acaba de cumplir, en el gabinete zuccarista hay espacio sólo para los “puros” (y también para algunos conversos).

Triste privilegio
Hace dos semanas atrás, El Diario Regional publicó en un suplemento especial gran cantidad de datos sobre inversión, salud, educación, etc. Claro que no toda la realidad de Pilar pudo verse reflejada allí. Por caso, nada decía el informe sobre el elevado índice de mortalidad infantil de nuestro distrito. Desde ya, no todo es responsabilidad del gobierno de Humberto Zúccaro pero —sin duda—, mucho de lo que nos pasa, pasa porque a nivel local carecemos de un plan estratégico integral. Haber destinado recursos eternamente escasos a reinaugurar los hospitales de Del Viso y de Presidente Derqui, teniendo en el distrito una veintena de centros de atención primaria —terminal obligada para la inmensa cantidad de pilarenses— que cierran de noche por falta de presupuesto (y que de día funcionan como pueden por igual motivo) no parece haber sido la decisión más oportuna. Máxime con un partido que ostenta el triste privilegio de superar el índice de mortalidad infantil provincial.

Municipio insalubre
El año pasado se sancionó una Ordenanza impulsada por el intendente Zúccaro que integraba a Pilar a la “Red de municipios saludables”. El primer punto de los postulados que se sostienen en la red es que el gobierno involucre a la comunidad en el diseño, implementación y control de las políticas públicas. Sin embargo, las medidas que se toman transita a contramano de lo que debería hacerse. Cuando en enero pasado se aprobó la instalación de 16 antenas de telefonía celular en lugares prohibidos, el jefe comunal defendió la medida y criticó a quienes nos opusimos acusándonos de “hacer política”. Pero gracias a que unos pocos “hicimos política”, el gobierno local y la empresa de telefonía celular tendrán que dar marcha atrás con varias de sus instalaciones. Si —como se hace en los “municipios saludables” en serio— se hubiera consultado primero a la comunidad, antes de legislar de acuerdo con as exigencias o necesidades de la empresa, ésta no tendría ahora que desarmar ninguna antena.

Marca de ganado
Primero, el intendente fue duhaldista “de la primera hora”; ahora —por esas cosas de la política— las huestes de Duhalde pueden terminar enfrentándolo junto al pattismo. ¿cómo se sentirán los peronistas que ayer vieron al jefe comunal abrazado con el ex presidente devaluador, el mismo a quien hoy le da la espalda?. ¿Es posible que le perdonen tanto oportunismo, tanto acomodarse como gallito de veleta para dónde sopla el viento?. Quizás sí, al menos en el corto plazo. Porque en época de partidos políticos degradados, poco le interesa a la mayoría de lo vecinos que Zúccaro tenga un concepto de lealtad tan singular. Ayuda a la indiferencia social el elevado presupuesto que el gobierno destina a los medios de prensa locales (unas diez veces más de lo que se gastaba en la gestión anterior); y también ayuda el manejo inmoral que realiza el intendente con los planes asistenciales; ¿cómo es posible que Zúccaro viole la dignidad de miles de beneficiarios de planes “jefes” y de empleados municipales obligándolos a lucir en sus pecheras —cual marca de ganado— su propio nombre?.

El intendente confunde su función de titular del departamento ejecutivo municipal con un cargo partidario, y así se lo ve en los diarios firmando solicitadas del partido justicialista con la leyenda “intendente” debajo de su nombre, o empapelando Pilar con afiches en los que se muestra junto a Kirchner, con el escudo del PJ a la izquierda y el escudo municipal a la derecha (¿quién los habrá pagado? ¿el gobierno municipal o el partido justicialista?).


Se aseguró que el escandaloso aumento de tasas impuesto desde el año pasado iría a financiar obras públicas, pero hoy vemos que las obras se financian mayoritariamente con dinero de la Provincia o hasta de la Nación, mientras que el aumento en la recaudación local se destina a alimentar una insaciable estructura municipal, que en un año y medio de gobierno incorporó a casi un millar de empleados.

En materia de seguridad, creó una superestructura a la que denominó “Patrulla Comunitaria”, y que estaba destinada a colaborar con el accionar policial; pero al poco tiempo, cuando la inseguridad se extendía sin tregua por el distrito, el gobierno minimizó los roles de la fuerza de seguridad comunal, que hoy es poco más que un cuerpo de agentes de tránsito.

La oposición en el Concejo denunció esta semana al gobierno por “malversación de caudales públicos”; y es que el dinero que se recibiría por la venta de calles a los countries tendría que haber sido depositado en una cuenta especial, pero la ordenanza que así lo establecía fue modificada, y en el decreto que finalmente firmó el intendente, nada se dice de la cuenta especial. Es evidente que Zúccaro nunca tuvo la intención de asegurar una operación transparente. Si hubiera querido garantizar que el dinero que ingresaría por la venta de calles públicas se utilizaría para hacer asfaltos, hubiera constituido un fondo fiduciario, porque nadie gasta peor que aquél que decide, como él, en qué gastar la plata de otros.

A un año y medio de gobierno, nada para festejar.

Sobresueldos en el Concejo

En estos días se plantea el debate sobre el tema de los sobresueldos que se pagaron durante la presidencia de Carlos Menem. Según las investigaciones y denuncias de numerosos arrepentidos, se puede estimar que el monto de tales retribuciones fuera de recibo alcanzan a una cifra multimillonaria. Así como crece el repudio generalizado a tales prácticas, existen también voces que las convalidan, con el argumento de que no se puede pretender que un funcionario que maneja presupuestos de millones, perciba una retribución de algunos pocos miles de pesos.
En este debate abierto sobre los sobresueldos, deberíamos incluir —además de los funcionarios del poder ejecutivo— a los cuerpos deliberativos, sean estos de orden nacional, provincial o municipal.
Pero, ¿cómo determinar si el dinero que cobra un concejal por cumplir sus funciones es razonable? Existen sin duda muchas formas de analizar esto, pero una manera acertada de medir la productividad de una persona, sea ésta operario de una fábrica o Presidente de la República, es determinar el cociente entre output (productos elaborados o servicios entregados) sobre input (materia prima o recursos empleados). Así, considerando que el “producto” que “fabrican” los concejales son las ordenanzas, y que el recurso que emplean es su propio tiempo, la productividad del HCD puede determinarse como la relación entre el número de ordenanzas sancionadas por año dividido su presupuesto anual ejecutado. En Pilar se sancionan un promedio de 200 ordenanzas por año. Sin embargo, en años electorales como éste, la “productividad” de los legisladores locales disminuye, habida cuenta de que parte de su tiempo lo tienen que destinar a lo que mejor les sale —hacer campaña y spots publicitarios— no nos equivocaremos en mucho si estimamos que el 2005 terminará con unas 180 ordenanzas (un promedio de 10 ordenanzas por sesión ). Por otra parte, el presupuesto aprobado (por los mismos concejales) para el 2005, les permite gastar más de un millón ochocientos mil pesos; en consecuencia, cada una de las 180 ordenanzas que se aprobarán durante el año nos habrá costado en promedio 10 mil pesos, y en cada una de las aproximadamente 18 sesiones en las que deberían “debatir” y aprobar normas en beneficio de todos los pilarenses, los ediles habrán consumido en promedio unos cien mil pesos.

Durante el año pasado, y lo que va de éste, el Concejo aprobó automáticamente cada uno de los proyectos que “bajaron” desde el Departamento Ejecutivo. Y cómo no iba a ser así, cuando los gastos en personal del cuerpo deliberativo, propuestos siempre por el intendente de turno, pasaron en los últimos dos años de 750 mil pesos en 2003 a 1,2 millones en 2004 y a más de 1,8 millones para este año.

No me atrevo a sospechar que los concejales reciben sobresueldos “por debajo de la mesa”, pero estoy convencido que la productividad de nuestros legisladores es pobrísima, de modo que cualquier aumento en sus ya elevados gastos, es un sobresueldo. Si los señores concejales no pueden sancionar mayor cantidad ordenanzas, de mejor calidad y mayor valor agregado, y se limitan a realizar Congresos latinoamericanos de dudosos beneficios, al menos podrían tener la decencia de no duplicar sus gastos. Porque eso, vale aclararlo, significa doble esfuerzo de su parte, estimado (y maltratado) lector y contribuyente.

Sobresueldos en el Concejo

En estos días se plantea el debate sobre el tema de los sobresueldos que se pagaron durante la presidencia de Carlos Menem. Según las investigaciones y denuncias de numerosos arrepentidos, se puede estimar que el monto de tales retribuciones fuera de recibo alcanzan a una cifra multimillonaria. Así como crece el repudio generalizado a tales prácticas, existen también voces que las convalidan, con el argumento de que no se puede pretender que un funcionario que maneja presupuestos de millones, perciba una retribución de algunos pocos miles de pesos.
En este debate abierto sobre los sobresueldos, deberíamos incluir —además de los funcionarios del poder ejecutivo— a los cuerpos deliberativos, sean estos de orden nacional, provincial o municipal.
Pero, ¿cómo determinar si el dinero que cobra un concejal por cumplir sus funciones es razonable? Existen sin duda muchas formas de analizar esto, pero una manera acertada de medir la productividad de una persona, sea ésta operario de una fábrica o Presidente de la República, es determinar el cociente entre output (productos elaborados o servicios entregados) sobre input (materia prima o recursos empleados). Así, considerando que el “producto” que “fabrican” los concejales son las ordenanzas, y que el recurso que emplean es su propio tiempo, la productividad del HCD puede determinarse como la relación entre el número de ordenanzas sancionadas por año dividido su presupuesto anual ejecutado. En Pilar se sancionan un promedio de 200 ordenanzas por año. Sin embargo, en años electorales como éste, la “productividad” de los legisladores locales disminuye, habida cuenta de que parte de su tiempo lo tienen que destinar a lo que mejor les sale —hacer campaña y spots publicitarios— no nos equivocaremos en mucho si estimamos que el 2005 terminará con unas 180 ordenanzas (un promedio de 10 ordenanzas por sesión ). Por otra parte, el presupuesto aprobado (por los mismos concejales) para el 2005, les permite gastar más de un millón ochocientos mil pesos; en consecuencia, cada una de las 180 ordenanzas que se aprobarán durante el año nos habrá costado en promedio 10 mil pesos, y en cada una de las aproximadamente 18 sesiones en las que deberían “debatir” y aprobar normas en beneficio de todos los pilarenses, los ediles habrán consumido en promedio unos cien mil pesos.

Durante el año pasado, y lo que va de éste, el Concejo aprobó automáticamente cada uno de los proyectos que “bajaron” desde el Departamento Ejecutivo. Y cómo no iba a ser así, cuando los gastos en personal del cuerpo deliberativo, propuestos siempre por el intendente de turno, pasaron en los últimos dos años de 750 mil pesos en 2003 a 1,2 millones en 2004 y a más de 1,8 millones para este año.

No me atrevo a sospechar que los concejales reciben sobresueldos “por debajo de la mesa”, pero estoy convencido que la productividad de nuestros legisladores es pobrísima, de modo que cualquier aumento en sus ya elevados gastos, es un sobresueldo. Si los señores concejales no pueden sancionar mayor cantidad ordenanzas, de mejor calidad y mayor valor agregado, y se limitan a realizar Congresos latinoamericanos de dudosos beneficios, al menos podrían tener la decencia de no duplicar sus gastos. Porque eso, vale aclararlo, significa doble esfuerzo de su parte, estimado (y maltratado) lector y contribuyente.

Víctimas (Reunión Vecinos del Barrio Pellegrini)

(PILAR DE TODOS, 09/01/2005) A 16 meses de gestión, es difícil comprender la actitud del intendente Zúccaro, quien el martes pasado expresaba su preocupación ante los vecinos por la denuncia penal que recibió la semana pasada: con tono de víctima, decía "vecinos, yo tengo una denuncia penal por este tema (el de la tosquera); cómo no voy a estar del lado de los vecinos...". Tampoco se comprende bien que tanto en la primer reunión como en la del pasado martes, Zúccaro haya hecho referencia a su "sacrificio" de estar allí "dando la cara, a las nueve de la noche"; ¿y los vecinos, qué? ¿no estaban acaso allí porque el mismo intendente no cumplió con su deber?.

En la reunión, el intendente y su jefe de gabinete se empeñaron en transmitir la idea falaz de que ellos no pueden hacer nada más: "sólo tenemos que esperar la respuesta en siete días de la CNC", organismo al que le pidieron intervención para que analice si la antena del Pellegrini contamina o no a los vecinos.

A decir verdad, lo que controla la CNC respecto de las antenas es el uso del espacio radioeléctrico. Todo lo demás es de incumbencia municipal, y en algunos casos provincial.
La misma empresa CTI que aquí en Pilar negocia con Pugliese a puertas cerradas y termina poniendo lo que quiere en donde le parece, en Rosario, por citar un ejemplo, debe obtener un certificado de aprobación de la estructura soporte de sus antenas expedido por la Fuerza Aérea; y en otras ciudades debe celebrar audiencias públicas para que los vecinos puedan expresar sus opiniones e inquietudes, y la empresa y los funcionarios deben responderlas de manera satisfactoria.

¿Quién es víctima? ¿Zúccaro, que reunión tras reunión sólo dice que él da la cara (mientras las cosas siguen igual o peor)? ¿o los vecinos, que soportan la tortura de tener su salud en riesgo y sufren la falta de una actitud responsable en materia medioambiental? (me permito dejar a salvo de esta crítica a la respetable gestión —cuando se le permite intervenir— de la Subsecretaría de Medio Ambiente).

***********************

El Informe Salzburgo

En el año 2000 tuvo lugar en Salzburgo, Austria, una conferencia internacional sobre "Emplazamiento de Emisoras de Telefonía Móvil, Ciencia y Salud Pública"; aquí, algunas de sus conclusiones:
1. Se recomienda establecer un procedimiento de autorización administrativa previa para la instalación y la actividad de funcionamiento de las instalaciones emisoras de telefonía móvil, en el que tengan en cuenta los siguientes puntos:
 Sometimiento a información previa, con intervención activa de la población residente
 Análisis de varias alternativas de instalación posibles
 Toma en consideración del aspecto visual local y paisajístico.
 Cálculo y medición de los valores de exposición.
3. En la actualidad, es muy difícil evaluar los efectos biológicos de las Estaciones emisoras de Telefonía Móvil ante dosis bajas, y sin embargo ello es urgentemente necesario para proteger preventivamente la salud pública.