En estos días se plantea el debate sobre el tema de los sobresueldos que se pagaron durante la presidencia de Carlos Menem. Según las investigaciones y denuncias de numerosos arrepentidos, se puede estimar que el monto de tales retribuciones fuera de recibo alcanzan a una cifra multimillonaria. Así como crece el repudio generalizado a tales prácticas, existen también voces que las convalidan, con el argumento de que no se puede pretender que un funcionario que maneja presupuestos de millones, perciba una retribución de algunos pocos miles de pesos.
En este debate abierto sobre los sobresueldos, deberíamos incluir —además de los funcionarios del poder ejecutivo— a los cuerpos deliberativos, sean estos de orden nacional, provincial o municipal.
Pero, ¿cómo determinar si el dinero que cobra un concejal por cumplir sus funciones es razonable? Existen sin duda muchas formas de analizar esto, pero una manera acertada de medir la productividad de una persona, sea ésta operario de una fábrica o Presidente de la República, es determinar el cociente entre output (productos elaborados o servicios entregados) sobre input (materia prima o recursos empleados). Así, considerando que el “producto” que “fabrican” los concejales son las ordenanzas, y que el recurso que emplean es su propio tiempo, la productividad del HCD puede determinarse como la relación entre el número de ordenanzas sancionadas por año dividido su presupuesto anual ejecutado. En Pilar se sancionan un promedio de 200 ordenanzas por año. Sin embargo, en años electorales como éste, la “productividad” de los legisladores locales disminuye, habida cuenta de que parte de su tiempo lo tienen que destinar a lo que mejor les sale —hacer campaña y spots publicitarios— no nos equivocaremos en mucho si estimamos que el 2005 terminará con unas 180 ordenanzas (un promedio de 10 ordenanzas por sesión ). Por otra parte, el presupuesto aprobado (por los mismos concejales) para el 2005, les permite gastar más de un millón ochocientos mil pesos; en consecuencia, cada una de las 180 ordenanzas que se aprobarán durante el año nos habrá costado en promedio 10 mil pesos, y en cada una de las aproximadamente 18 sesiones en las que deberían “debatir” y aprobar normas en beneficio de todos los pilarenses, los ediles habrán consumido en promedio unos cien mil pesos.
Durante el año pasado, y lo que va de éste, el Concejo aprobó automáticamente cada uno de los proyectos que “bajaron” desde el Departamento Ejecutivo. Y cómo no iba a ser así, cuando los gastos en personal del cuerpo deliberativo, propuestos siempre por el intendente de turno, pasaron en los últimos dos años de 750 mil pesos en 2003 a 1,2 millones en 2004 y a más de 1,8 millones para este año.
No me atrevo a sospechar que los concejales reciben sobresueldos “por debajo de la mesa”, pero estoy convencido que la productividad de nuestros legisladores es pobrísima, de modo que cualquier aumento en sus ya elevados gastos, es un sobresueldo. Si los señores concejales no pueden sancionar mayor cantidad ordenanzas, de mejor calidad y mayor valor agregado, y se limitan a realizar Congresos latinoamericanos de dudosos beneficios, al menos podrían tener la decencia de no duplicar sus gastos. Porque eso, vale aclararlo, significa doble esfuerzo de su parte, estimado (y maltratado) lector y contribuyente.
sábado, 7 de mayo de 2005
Sobresueldos en el Concejo
En estos días se plantea el debate sobre el tema de los sobresueldos que se pagaron durante la presidencia de Carlos Menem. Según las investigaciones y denuncias de numerosos arrepentidos, se puede estimar que el monto de tales retribuciones fuera de recibo alcanzan a una cifra multimillonaria. Así como crece el repudio generalizado a tales prácticas, existen también voces que las convalidan, con el argumento de que no se puede pretender que un funcionario que maneja presupuestos de millones, perciba una retribución de algunos pocos miles de pesos.
En este debate abierto sobre los sobresueldos, deberíamos incluir —además de los funcionarios del poder ejecutivo— a los cuerpos deliberativos, sean estos de orden nacional, provincial o municipal.
Pero, ¿cómo determinar si el dinero que cobra un concejal por cumplir sus funciones es razonable? Existen sin duda muchas formas de analizar esto, pero una manera acertada de medir la productividad de una persona, sea ésta operario de una fábrica o Presidente de la República, es determinar el cociente entre output (productos elaborados o servicios entregados) sobre input (materia prima o recursos empleados). Así, considerando que el “producto” que “fabrican” los concejales son las ordenanzas, y que el recurso que emplean es su propio tiempo, la productividad del HCD puede determinarse como la relación entre el número de ordenanzas sancionadas por año dividido su presupuesto anual ejecutado. En Pilar se sancionan un promedio de 200 ordenanzas por año. Sin embargo, en años electorales como éste, la “productividad” de los legisladores locales disminuye, habida cuenta de que parte de su tiempo lo tienen que destinar a lo que mejor les sale —hacer campaña y spots publicitarios— no nos equivocaremos en mucho si estimamos que el 2005 terminará con unas 180 ordenanzas (un promedio de 10 ordenanzas por sesión ). Por otra parte, el presupuesto aprobado (por los mismos concejales) para el 2005, les permite gastar más de un millón ochocientos mil pesos; en consecuencia, cada una de las 180 ordenanzas que se aprobarán durante el año nos habrá costado en promedio 10 mil pesos, y en cada una de las aproximadamente 18 sesiones en las que deberían “debatir” y aprobar normas en beneficio de todos los pilarenses, los ediles habrán consumido en promedio unos cien mil pesos.
Durante el año pasado, y lo que va de éste, el Concejo aprobó automáticamente cada uno de los proyectos que “bajaron” desde el Departamento Ejecutivo. Y cómo no iba a ser así, cuando los gastos en personal del cuerpo deliberativo, propuestos siempre por el intendente de turno, pasaron en los últimos dos años de 750 mil pesos en 2003 a 1,2 millones en 2004 y a más de 1,8 millones para este año.
No me atrevo a sospechar que los concejales reciben sobresueldos “por debajo de la mesa”, pero estoy convencido que la productividad de nuestros legisladores es pobrísima, de modo que cualquier aumento en sus ya elevados gastos, es un sobresueldo. Si los señores concejales no pueden sancionar mayor cantidad ordenanzas, de mejor calidad y mayor valor agregado, y se limitan a realizar Congresos latinoamericanos de dudosos beneficios, al menos podrían tener la decencia de no duplicar sus gastos. Porque eso, vale aclararlo, significa doble esfuerzo de su parte, estimado (y maltratado) lector y contribuyente.
En este debate abierto sobre los sobresueldos, deberíamos incluir —además de los funcionarios del poder ejecutivo— a los cuerpos deliberativos, sean estos de orden nacional, provincial o municipal.
Pero, ¿cómo determinar si el dinero que cobra un concejal por cumplir sus funciones es razonable? Existen sin duda muchas formas de analizar esto, pero una manera acertada de medir la productividad de una persona, sea ésta operario de una fábrica o Presidente de la República, es determinar el cociente entre output (productos elaborados o servicios entregados) sobre input (materia prima o recursos empleados). Así, considerando que el “producto” que “fabrican” los concejales son las ordenanzas, y que el recurso que emplean es su propio tiempo, la productividad del HCD puede determinarse como la relación entre el número de ordenanzas sancionadas por año dividido su presupuesto anual ejecutado. En Pilar se sancionan un promedio de 200 ordenanzas por año. Sin embargo, en años electorales como éste, la “productividad” de los legisladores locales disminuye, habida cuenta de que parte de su tiempo lo tienen que destinar a lo que mejor les sale —hacer campaña y spots publicitarios— no nos equivocaremos en mucho si estimamos que el 2005 terminará con unas 180 ordenanzas (un promedio de 10 ordenanzas por sesión ). Por otra parte, el presupuesto aprobado (por los mismos concejales) para el 2005, les permite gastar más de un millón ochocientos mil pesos; en consecuencia, cada una de las 180 ordenanzas que se aprobarán durante el año nos habrá costado en promedio 10 mil pesos, y en cada una de las aproximadamente 18 sesiones en las que deberían “debatir” y aprobar normas en beneficio de todos los pilarenses, los ediles habrán consumido en promedio unos cien mil pesos.
Durante el año pasado, y lo que va de éste, el Concejo aprobó automáticamente cada uno de los proyectos que “bajaron” desde el Departamento Ejecutivo. Y cómo no iba a ser así, cuando los gastos en personal del cuerpo deliberativo, propuestos siempre por el intendente de turno, pasaron en los últimos dos años de 750 mil pesos en 2003 a 1,2 millones en 2004 y a más de 1,8 millones para este año.
No me atrevo a sospechar que los concejales reciben sobresueldos “por debajo de la mesa”, pero estoy convencido que la productividad de nuestros legisladores es pobrísima, de modo que cualquier aumento en sus ya elevados gastos, es un sobresueldo. Si los señores concejales no pueden sancionar mayor cantidad ordenanzas, de mejor calidad y mayor valor agregado, y se limitan a realizar Congresos latinoamericanos de dudosos beneficios, al menos podrían tener la decencia de no duplicar sus gastos. Porque eso, vale aclararlo, significa doble esfuerzo de su parte, estimado (y maltratado) lector y contribuyente.
sábado, 9 de abril de 2005
Víctimas (Reunión Vecinos del Barrio Pellegrini)
(PILAR DE TODOS, 09/01/2005) A 16 meses de gestión, es difícil comprender la actitud del intendente Zúccaro, quien el martes pasado expresaba su preocupación ante los vecinos por la denuncia penal que recibió la semana pasada: con tono de víctima, decía "vecinos, yo tengo una denuncia penal por este tema (el de la tosquera); cómo no voy a estar del lado de los vecinos...". Tampoco se comprende bien que tanto en la primer reunión como en la del pasado martes, Zúccaro haya hecho referencia a su "sacrificio" de estar allí "dando la cara, a las nueve de la noche"; ¿y los vecinos, qué? ¿no estaban acaso allí porque el mismo intendente no cumplió con su deber?.
En la reunión, el intendente y su jefe de gabinete se empeñaron en transmitir la idea falaz de que ellos no pueden hacer nada más: "sólo tenemos que esperar la respuesta en siete días de la CNC", organismo al que le pidieron intervención para que analice si la antena del Pellegrini contamina o no a los vecinos.
A decir verdad, lo que controla la CNC respecto de las antenas es el uso del espacio radioeléctrico. Todo lo demás es de incumbencia municipal, y en algunos casos provincial.
La misma empresa CTI que aquí en Pilar negocia con Pugliese a puertas cerradas y termina poniendo lo que quiere en donde le parece, en Rosario, por citar un ejemplo, debe obtener un certificado de aprobación de la estructura soporte de sus antenas expedido por la Fuerza Aérea; y en otras ciudades debe celebrar audiencias públicas para que los vecinos puedan expresar sus opiniones e inquietudes, y la empresa y los funcionarios deben responderlas de manera satisfactoria.
¿Quién es víctima? ¿Zúccaro, que reunión tras reunión sólo dice que él da la cara (mientras las cosas siguen igual o peor)? ¿o los vecinos, que soportan la tortura de tener su salud en riesgo y sufren la falta de una actitud responsable en materia medioambiental? (me permito dejar a salvo de esta crítica a la respetable gestión —cuando se le permite intervenir— de la Subsecretaría de Medio Ambiente).
En el año 2000 tuvo lugar en Salzburgo, Austria, una conferencia internacional sobre "Emplazamiento de Emisoras de Telefonía Móvil, Ciencia y Salud Pública"; aquí, algunas de sus conclusiones:
1. Se recomienda establecer un procedimiento de autorización administrativa previa para la instalación y la actividad de funcionamiento de las instalaciones emisoras de telefonía móvil, en el que tengan en cuenta los siguientes puntos:
Sometimiento a información previa, con intervención activa de la población residente
Análisis de varias alternativas de instalación posibles
Toma en consideración del aspecto visual local y paisajístico.
Cálculo y medición de los valores de exposición.
3. En la actualidad, es muy difícil evaluar los efectos biológicos de las Estaciones emisoras de Telefonía Móvil ante dosis bajas, y sin embargo ello es urgentemente necesario para proteger preventivamente la salud pública.
En la reunión, el intendente y su jefe de gabinete se empeñaron en transmitir la idea falaz de que ellos no pueden hacer nada más: "sólo tenemos que esperar la respuesta en siete días de la CNC", organismo al que le pidieron intervención para que analice si la antena del Pellegrini contamina o no a los vecinos.
A decir verdad, lo que controla la CNC respecto de las antenas es el uso del espacio radioeléctrico. Todo lo demás es de incumbencia municipal, y en algunos casos provincial.
La misma empresa CTI que aquí en Pilar negocia con Pugliese a puertas cerradas y termina poniendo lo que quiere en donde le parece, en Rosario, por citar un ejemplo, debe obtener un certificado de aprobación de la estructura soporte de sus antenas expedido por la Fuerza Aérea; y en otras ciudades debe celebrar audiencias públicas para que los vecinos puedan expresar sus opiniones e inquietudes, y la empresa y los funcionarios deben responderlas de manera satisfactoria.
¿Quién es víctima? ¿Zúccaro, que reunión tras reunión sólo dice que él da la cara (mientras las cosas siguen igual o peor)? ¿o los vecinos, que soportan la tortura de tener su salud en riesgo y sufren la falta de una actitud responsable en materia medioambiental? (me permito dejar a salvo de esta crítica a la respetable gestión —cuando se le permite intervenir— de la Subsecretaría de Medio Ambiente).
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El Informe Salzburgo
1. Se recomienda establecer un procedimiento de autorización administrativa previa para la instalación y la actividad de funcionamiento de las instalaciones emisoras de telefonía móvil, en el que tengan en cuenta los siguientes puntos:
Sometimiento a información previa, con intervención activa de la población residente
Análisis de varias alternativas de instalación posibles
Toma en consideración del aspecto visual local y paisajístico.
Cálculo y medición de los valores de exposición.
3. En la actualidad, es muy difícil evaluar los efectos biológicos de las Estaciones emisoras de Telefonía Móvil ante dosis bajas, y sin embargo ello es urgentemente necesario para proteger preventivamente la salud pública.
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