(PILAR DE TODOS, 03/10/2005) Esta semana el gobierno local anticipó que en marco del convenio firmado en abril pasado entre la Comuna, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Fundación Por Pilar, estas ONG’s planifican estratégicamente el “Pilar del futuro”.
Ya en diciembre de 2004, el intendente Humberto Zúccaro reconoció que le había encomendado la tarea de planificar el distrito a la Fundación Por Pilar, pero que, para evitar que los empresarios sólo planifiquen buenos negocios para ellos, creía que “deben participar las sociedades de comerciantes, el clero, sociedades de fomento...”.
Esta prometida participación comunitaria nunca se dio. Claro que no todo es culpa del gobierno local: muchas veces los dirigentes de la sociedad civil se sientan a esperar que los vecinos se acerquen a participar en entidades del “tercer sector”, cuando lo que deberían tratar de hacer, es participar ellos —a través de las instituciones que representan— en las cosas que preocupan a los vecinos.
En un reciente encuentro municipal con ONG’s, se mencionó la posibilidad de avanzar en la implementación del presupuesto participativo, una herramienta de gestión probada que, junto con el libre acceso a la información, cosecha éxitos en muchísimas ciudades de nuestro país y del mundo; sin embargo, cuando la prensa requirió precisiones sobre la iniciativa, el jefe de gabinete relativizó los dichos del jefe comunal, de modo que una vez más, discurso y acción marchan separados en el gobierno. Muy separados.
También se supo que entre los “casos de éxito” que el CIPPEC y la Fundación Por Pilar le acercaron a Zúccaro, estaba el Plan Estratégico del Municipio de Morón. Lo que nunca se dijo, es que allí, junto con el plan estratégico, se impulsaron muchas otras iniciativas —como el libre acceso a la información pública—, que de no aplicarse de manera simultánea, recortan la propuesta de planeamiento hasta convertirla en poco más que un discurso de campaña, sin ninguna trascendencia para la vida de los vecinos.
En toda ciudad hay actividades especulativas y productivas que hacen más dependientes y vulnerables al “Pilar del futuro” y que por lo tanto deberían ser sustituidas o desalentadas, mientras que otras actividades, social y ecológicamente beneficiosas, deberían ser mantenidas o incrementadas. Es decir, tendríamos que elaborar modelos de transición hacia un distrito más sustentable más sustentables, re-equilibrando sectores productivos y de servicios, consumiendo menos energía, reciclando, etc. A largo plazo, ciudades socialmente muy conflictivas (con fuertes presencias delictivas, etc.) y ecológicamente insalubres (mala calidad del habitat/habitar), tampoco reciben inversiones internacionales. Por lo que plantearse la economía sin tener en cuenta los problemas ecológicos y sociales, sí que es una apuesta arriesgada y un tanto ilusoria.
La planificación estratégica puede estar impulsada desde actores sociales muy diversos y con intereses incluso antagónicos. Lo que es necesario es que se dejen de lado aquellos aspectos que puedan resultar más desintegradores y excluyentes.
Por caso, plantear que cada localidad podría tener en el futuro la posibilidad de administrar una parte del dinero que en ella se recaude, es una política que lejos de mejorar la vida de los vecinos, no hará más que aumentar las desigualdades entre localidades “ricas” y “pobres” por una desigual inversión pública. Los lugares con menor desarrollo, como Presidente Derqui o Manuel Alberti, con posibilidades de recaudación limitadas, tendrán dificultades para financiar su desarrollo local. Si no existen mecanismos de redistribución financiera territorial a través del presupuesto municipal, la tendencia será hacia un mayor desequilibro territorial y hacia procesos de desarrollo “egoístas”. Evitarlo es y será tarea de todos.
El libre acceso a la información pública
Hace algunos meses, el Concejo Deliberante de Morón aprobó una ordenanza de libre acceso a la información pública; la sesión especial se realizó —todo un símbolo— en una escuela. El presidente de Concejo Deliberante de Morón señaló entonces que “resulta de vital importancia normar y facilitar los mecanismos de acceso a la información pública ya que este derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas no puede estar sujeto a la voluntad política de los gobiernos”. En Pilar, el presidente del cuerpo legislativo recibió una propuesta similar en abril de 2004, y si bien sus declaraciones de entonces fueron promisorias, la realidad es que el libre acceso a la información pública en nuestro distrito sigue siendo sólo una propuesta que no encontró eco en los ediles, ocupados eternamente en cuestiones más trascendentales, como son los congresos latinoamericanos de concejales, ya sea que participen como anfitriones (como el año pasado) o como invitados (como este año).Para tratar la ordenanza, el Municipio de Morón realizó una amplia convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil para que formen parte —a través del proceso de Elaboración Participativa de Normas— de la confección del proyecto. Las organizaciones participantes fueron el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, el Colegios de Abogados de Morón, la Sociedad de Fomento Primera Junta, la Sociedad de Fomento 10 de Agosto, el Centro de Jubilados y Pensionados Alas Argentinas de El Palomar, la Unión de Centro de Jubilados y Pensionados del Oeste Bonaerense (UCEJOB) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
sábado, 3 de septiembre de 2005
Seguí participando!
(PILAR DE TODOS, 03/10/2005) Esta semana el gobierno local anticipó que en marco del convenio firmado en abril pasado entre la Comuna, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Fundación Por Pilar, estas ONG’s planifican estratégicamente el “Pilar del futuro”.
Ya en diciembre de 2004, el intendente Humberto Zúccaro reconoció que le había encomendado la tarea de planificar el distrito a la Fundación Por Pilar, pero que, para evitar que los empresarios sólo planifiquen buenos negocios para ellos, creía que “deben participar las sociedades de comerciantes, el clero, sociedades de fomento...”.
Esta prometida participación comunitaria nunca se dio. Claro que no todo es culpa del gobierno local: muchas veces los dirigentes de la sociedad civil se sientan a esperar que los vecinos se acerquen a participar en entidades del “tercer sector”, cuando lo que deberían tratar de hacer, es participar ellos —a través de las instituciones que representan— en las cosas que preocupan a los vecinos.
En un reciente encuentro municipal con ONG’s, se mencionó la posibilidad de avanzar en la implementación del presupuesto participativo, una herramienta de gestión probada que, junto con el libre acceso a la información, cosecha éxitos en muchísimas ciudades de nuestro país y del mundo; sin embargo, cuando la prensa requirió precisiones sobre la iniciativa, el jefe de gabinete relativizó los dichos del jefe comunal, de modo que una vez más, discurso y acción marchan separados en el gobierno. Muy separados.
También se supo que entre los “casos de éxito” que el CIPPEC y la Fundación Por Pilar le acercaron a Zúccaro, estaba el Plan Estratégico del Municipio de Morón. Lo que nunca se dijo, es que allí, junto con el plan estratégico, se impulsaron muchas otras iniciativas —como el libre acceso a la información pública—, que de no aplicarse de manera simultánea, recortan la propuesta de planeamiento hasta convertirla en poco más que un discurso de campaña, sin ninguna trascendencia para la vida de los vecinos.
En toda ciudad hay actividades especulativas y productivas que hacen más dependientes y vulnerables al “Pilar del futuro” y que por lo tanto deberían ser sustituidas o desalentadas, mientras que otras actividades, social y ecológicamente beneficiosas, deberían ser mantenidas o incrementadas. Es decir, tendríamos que elaborar modelos de transición hacia un distrito más sustentable más sustentables, re-equilibrando sectores productivos y de servicios, consumiendo menos energía, reciclando, etc. A largo plazo, ciudades socialmente muy conflictivas (con fuertes presencias delictivas, etc.) y ecológicamente insalubres (mala calidad del habitat/habitar), tampoco reciben inversiones internacionales. Por lo que plantearse la economía sin tener en cuenta los problemas ecológicos y sociales, sí que es una apuesta arriesgada y un tanto ilusoria.
La planificación estratégica puede estar impulsada desde actores sociales muy diversos y con intereses incluso antagónicos. Lo que es necesario es que se dejen de lado aquellos aspectos que puedan resultar más desintegradores y excluyentes.
Por caso, plantear que cada localidad podría tener en el futuro la posibilidad de administrar una parte del dinero que en ella se recaude, es una política que lejos de mejorar la vida de los vecinos, no hará más que aumentar las desigualdades entre localidades “ricas” y “pobres” por una desigual inversión pública. Los lugares con menor desarrollo, como Presidente Derqui o Manuel Alberti, con posibilidades de recaudación limitadas, tendrán dificultades para financiar su desarrollo local. Si no existen mecanismos de redistribución financiera territorial a través del presupuesto municipal, la tendencia será hacia un mayor desequilibro territorial y hacia procesos de desarrollo “egoístas”. Evitarlo es y será tarea de todos.
El libre acceso a la información pública
Hace algunos meses, el Concejo Deliberante de Morón aprobó una ordenanza de libre acceso a la información pública; la sesión especial se realizó —todo un símbolo— en una escuela. El presidente de Concejo Deliberante de Morón señaló entonces que “resulta de vital importancia normar y facilitar los mecanismos de acceso a la información pública ya que este derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas no puede estar sujeto a la voluntad política de los gobiernos”. En Pilar, el presidente del cuerpo legislativo recibió una propuesta similar en abril de 2004, y si bien sus declaraciones de entonces fueron promisorias, la realidad es que el libre acceso a la información pública en nuestro distrito sigue siendo sólo una propuesta que no encontró eco en los ediles, ocupados eternamente en cuestiones más trascendentales, como son los congresos latinoamericanos de concejales, ya sea que participen como anfitriones (como el año pasado) o como invitados (como este año).Para tratar la ordenanza, el Municipio de Morón realizó una amplia convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil para que formen parte —a través del proceso de Elaboración Participativa de Normas— de la confección del proyecto. Las organizaciones participantes fueron el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, el Colegios de Abogados de Morón, la Sociedad de Fomento Primera Junta, la Sociedad de Fomento 10 de Agosto, el Centro de Jubilados y Pensionados Alas Argentinas de El Palomar, la Unión de Centro de Jubilados y Pensionados del Oeste Bonaerense (UCEJOB) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Ya en diciembre de 2004, el intendente Humberto Zúccaro reconoció que le había encomendado la tarea de planificar el distrito a la Fundación Por Pilar, pero que, para evitar que los empresarios sólo planifiquen buenos negocios para ellos, creía que “deben participar las sociedades de comerciantes, el clero, sociedades de fomento...”.
Esta prometida participación comunitaria nunca se dio. Claro que no todo es culpa del gobierno local: muchas veces los dirigentes de la sociedad civil se sientan a esperar que los vecinos se acerquen a participar en entidades del “tercer sector”, cuando lo que deberían tratar de hacer, es participar ellos —a través de las instituciones que representan— en las cosas que preocupan a los vecinos.
En un reciente encuentro municipal con ONG’s, se mencionó la posibilidad de avanzar en la implementación del presupuesto participativo, una herramienta de gestión probada que, junto con el libre acceso a la información, cosecha éxitos en muchísimas ciudades de nuestro país y del mundo; sin embargo, cuando la prensa requirió precisiones sobre la iniciativa, el jefe de gabinete relativizó los dichos del jefe comunal, de modo que una vez más, discurso y acción marchan separados en el gobierno. Muy separados.
También se supo que entre los “casos de éxito” que el CIPPEC y la Fundación Por Pilar le acercaron a Zúccaro, estaba el Plan Estratégico del Municipio de Morón. Lo que nunca se dijo, es que allí, junto con el plan estratégico, se impulsaron muchas otras iniciativas —como el libre acceso a la información pública—, que de no aplicarse de manera simultánea, recortan la propuesta de planeamiento hasta convertirla en poco más que un discurso de campaña, sin ninguna trascendencia para la vida de los vecinos.
En toda ciudad hay actividades especulativas y productivas que hacen más dependientes y vulnerables al “Pilar del futuro” y que por lo tanto deberían ser sustituidas o desalentadas, mientras que otras actividades, social y ecológicamente beneficiosas, deberían ser mantenidas o incrementadas. Es decir, tendríamos que elaborar modelos de transición hacia un distrito más sustentable más sustentables, re-equilibrando sectores productivos y de servicios, consumiendo menos energía, reciclando, etc. A largo plazo, ciudades socialmente muy conflictivas (con fuertes presencias delictivas, etc.) y ecológicamente insalubres (mala calidad del habitat/habitar), tampoco reciben inversiones internacionales. Por lo que plantearse la economía sin tener en cuenta los problemas ecológicos y sociales, sí que es una apuesta arriesgada y un tanto ilusoria.
La planificación estratégica puede estar impulsada desde actores sociales muy diversos y con intereses incluso antagónicos. Lo que es necesario es que se dejen de lado aquellos aspectos que puedan resultar más desintegradores y excluyentes.
Por caso, plantear que cada localidad podría tener en el futuro la posibilidad de administrar una parte del dinero que en ella se recaude, es una política que lejos de mejorar la vida de los vecinos, no hará más que aumentar las desigualdades entre localidades “ricas” y “pobres” por una desigual inversión pública. Los lugares con menor desarrollo, como Presidente Derqui o Manuel Alberti, con posibilidades de recaudación limitadas, tendrán dificultades para financiar su desarrollo local. Si no existen mecanismos de redistribución financiera territorial a través del presupuesto municipal, la tendencia será hacia un mayor desequilibro territorial y hacia procesos de desarrollo “egoístas”. Evitarlo es y será tarea de todos.
El libre acceso a la información pública
Hace algunos meses, el Concejo Deliberante de Morón aprobó una ordenanza de libre acceso a la información pública; la sesión especial se realizó —todo un símbolo— en una escuela. El presidente de Concejo Deliberante de Morón señaló entonces que “resulta de vital importancia normar y facilitar los mecanismos de acceso a la información pública ya que este derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas no puede estar sujeto a la voluntad política de los gobiernos”. En Pilar, el presidente del cuerpo legislativo recibió una propuesta similar en abril de 2004, y si bien sus declaraciones de entonces fueron promisorias, la realidad es que el libre acceso a la información pública en nuestro distrito sigue siendo sólo una propuesta que no encontró eco en los ediles, ocupados eternamente en cuestiones más trascendentales, como son los congresos latinoamericanos de concejales, ya sea que participen como anfitriones (como el año pasado) o como invitados (como este año).Para tratar la ordenanza, el Municipio de Morón realizó una amplia convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil para que formen parte —a través del proceso de Elaboración Participativa de Normas— de la confección del proyecto. Las organizaciones participantes fueron el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, el Colegios de Abogados de Morón, la Sociedad de Fomento Primera Junta, la Sociedad de Fomento 10 de Agosto, el Centro de Jubilados y Pensionados Alas Argentinas de El Palomar, la Unión de Centro de Jubilados y Pensionados del Oeste Bonaerense (UCEJOB) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
miércoles, 31 de agosto de 2005
Las patas de la mentira
Durante 2003, por cada 100 pesos que ingresaron a las arcas municipales, el gobierno de Sergio Bivort destinó apenas 26 a pagar a sus funcionarios y al personal municipal. El año pasado, en cambio, Humberto Zúccaro destinó 37 pesos por cada cien. Además, lo que gastó en personal fue de casi 10 millones de pesos más que su antecesor.
Mas allá del gasto global, se sabe que la cantidad de funcionarios (con cargos de Directores y superiores) aumentó por encima del doble, y que los sueldos de los “nuevos” son sensiblemente superiores a los de los funcionarios “viejos”.
Nada se cumple con respecto a las normas que pretendían dotar de transparencia y equidad a la cuestión del empleo municipal, como son el ingreso por concurso público, o la ordenanza 240/01 por la cual los empleados contratados no pueden tener un sueldo distinto ni superior al que recibe un empleado de carrera por la misma función.
Aunque para el Secretario de Hacienda, Daniel Ondarza, el presupuesto sea un simple formalismo, para el resto del mundo los presupuestos son instrumentos que permiten medir rendimientos, toda vez que los mismos determinan objetivos fijados. Claro que si los objetivos no existen, no es de extrañar que el presupuesto sea —en palabras del Secretario— “un simple formalismo”. Si en cambio se establecieran, como en cualquier gobierno “de puertas abiertas” en serio, objetivos y metas presupuestarias, la magnitud de las desviaciones indicaría la eficiencia o ineficiencia de la gestión municipal.
Si lo que recibía Humberto Zúccaro en diciembre de 2003 era una “pesada herencia”, como aseguró entonces ¿cómo es posible que no haya tomado una sola medida de austeridad? ¿cómo pudo desviarse de manera tan grosera de su promesa de destinar el aumento en la recaudación a financiar obras?. Observemos que en el rubro “gastos en bienes y servicios” se gastaron casi cinco millones menos que en 2003.
El porcentaje de gastos destinado a personal se elevó del 26 a 37%. Al intendente se lo vio satisfecho por no superar el tope del 40% impuesto por una ordenanza que él mismo aprobó en 2001. Pero por cada punto porcentual de mayor gasto en personal, se dejan de construir más de 10 cuadras de asfalto al año, que dentro de 30 meses, cuando Zúccaro finalice su mandato, hubieran representado accesos pavimentados para muchos de los barrios del partido.
Brindar información es una obligación para cualquier gobierno, aunque no se pida; pero si efectivamente se pide que se brinde (como se pidió por nota en el caso de esta rendición), la obligación es inexcusable. Sin embargo, para la gestión de Humberto Zúccaro, el secreto es la regla, y brindar información es la excepción. Y como advirtió el editor del Washington Post durante la revelación del Watergate (que terminó con la renuncia de Nixon a la presidencia de Estados Unidos), “no brindar la información cuando se la tiene es como no decir la verdad”.
Mas allá del gasto global, se sabe que la cantidad de funcionarios (con cargos de Directores y superiores) aumentó por encima del doble, y que los sueldos de los “nuevos” son sensiblemente superiores a los de los funcionarios “viejos”.
Nada se cumple con respecto a las normas que pretendían dotar de transparencia y equidad a la cuestión del empleo municipal, como son el ingreso por concurso público, o la ordenanza 240/01 por la cual los empleados contratados no pueden tener un sueldo distinto ni superior al que recibe un empleado de carrera por la misma función.
Aunque para el Secretario de Hacienda, Daniel Ondarza, el presupuesto sea un simple formalismo, para el resto del mundo los presupuestos son instrumentos que permiten medir rendimientos, toda vez que los mismos determinan objetivos fijados. Claro que si los objetivos no existen, no es de extrañar que el presupuesto sea —en palabras del Secretario— “un simple formalismo”. Si en cambio se establecieran, como en cualquier gobierno “de puertas abiertas” en serio, objetivos y metas presupuestarias, la magnitud de las desviaciones indicaría la eficiencia o ineficiencia de la gestión municipal.
Si lo que recibía Humberto Zúccaro en diciembre de 2003 era una “pesada herencia”, como aseguró entonces ¿cómo es posible que no haya tomado una sola medida de austeridad? ¿cómo pudo desviarse de manera tan grosera de su promesa de destinar el aumento en la recaudación a financiar obras?. Observemos que en el rubro “gastos en bienes y servicios” se gastaron casi cinco millones menos que en 2003.
El porcentaje de gastos destinado a personal se elevó del 26 a 37%. Al intendente se lo vio satisfecho por no superar el tope del 40% impuesto por una ordenanza que él mismo aprobó en 2001. Pero por cada punto porcentual de mayor gasto en personal, se dejan de construir más de 10 cuadras de asfalto al año, que dentro de 30 meses, cuando Zúccaro finalice su mandato, hubieran representado accesos pavimentados para muchos de los barrios del partido.
Brindar información es una obligación para cualquier gobierno, aunque no se pida; pero si efectivamente se pide que se brinde (como se pidió por nota en el caso de esta rendición), la obligación es inexcusable. Sin embargo, para la gestión de Humberto Zúccaro, el secreto es la regla, y brindar información es la excepción. Y como advirtió el editor del Washington Post durante la revelación del Watergate (que terminó con la renuncia de Nixon a la presidencia de Estados Unidos), “no brindar la información cuando se la tiene es como no decir la verdad”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)